Los “principios” de Montoro

Una de las frases más célebres de Groucho Marx es aquella de “estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros”. Desde luego, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha tenido que renunciar a alguno en los últimos días, hacer de tripas corazón, para que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 sigan adelante.

El pasado 1 de marzo, Montoro llegó a decir que revalorizar las pensiones con el IPC era “anticuado” y que las subidas se deberían de referenciar al crecimiento económico, también a la productividad. Es más, ponía como ejemplo el acuerdo con los funcionarios públicos. Todos los expertos compartían esa visión.

Sin embargo dos meses después ha dado marcha atrás. Primero las protestas de los jubilados hicieron subir las prestaciones mínimas y de viudedad más que la inflación. Ahora el PNV ha arrancado un precio todavía más alto para no tumbar los Presupuestos en el Congreso e intentar silenciar las calles de Bilbao. Al final todas las pensiones subirán el IPC este año y el próximo. La factura es alta, 1.500 millones de euros adicionales en 2018 y otros 1.800 millones en 2019. ¿Cómo se va a pagar? Ahora sí hay dinero, según el titular de Hacienda. Montoro asegura que se financiará con el ahorro en los intereses de la deuda, con el menor coste del rescate a las autopistas -nadie por cierto nos ha dado todavía una cifra concreta de lo que cuestay con un impuesto a las grandes empresas tecnológicas digitales.

Aquí el ministro de Hacienda ha caído en otra contradicción. El 12 de febrero Montoro nos visitó en 'La Linterna', en COPE, y negó que el Gobierno tuviera planteado crear una figura impositiva para gravar a los Google o Amazon como había sugerido horas antes la subdirectora de Fiscalidad Internacional, María José Garde, durante unas jornadas. El ministro aseguró que no tendría ”capacidad de implantarlo", y que era necesario "hacerlo en un consorcio mucho más amplio”. "No se puede hacer desde un país, hay que hacerlo en un consorcio dentro de la estrategia llamada BEPS -se refiere a las estrategias de planificación fiscal- de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)", concretó el titular de Hacienda. Es decir, daba a entender que España esperaría a una solución global para imponer una tasa a estas tecnológicas que justificó con el argumento de que “paguen impuestos donde están generando actividad y donde están generando beneficios”.

Ahora al Gobierno le han entrado las prisas. Quiere aprobar ya este impuesto y que tenga una tramitación exprés para que entre en vigor este mismo año. Se arriesga a dar el paso en solitario. El ministro de Economía Román Escolano aludía este fin de semana al “creciente consenso” en la UE en favor de este gravamen. Sin embargo lo que se ha visto en Sofía, durante la celebración del Ecofin, ha sido casi lo contrario. Solo Francia, Italia, Portugal, Eslovaquia, Bulgaria y Polonia, además de España, apoyan la tasa europea con claridad. El resto, prefieren esperar a una regulación internacional. La iniciativa choca con la oposición de los nórdicos y por supuesto de Irlanda y Luxemburgo, que se valen de prácticas fiscales agresivas para atraer a estas multinacionales.

Dicen que el fin justifica los medios. Es cierto que la aprobación de los Presupuestos permite allanar la legislatura, y eso es mucho con la que está cayendo, pero a nadie se le escapa que el precio que se ha pagado es demasiado alto. Al final los acuerdos con el PNV han dejado en papel mojado la última reforma de las pensiones, la de 2013. En sus dos puntos clave, el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad -que ahora se retrasa a 2023-. Es lo que nos iba a garantizar la viabilidad del sistema. El parche fiscal que se ha puesto ¿la asegura ahora?