Movilización para evitar el desahucio de 127 vecinos de un bloque de Sareb en Torremolinos

PP, PSOE e IU se han movilizado en la localidad malagueña de Torremolinos para evitar el desahucio de 127 vecinos al ser suspendido su contrato de alquiler por un proceso judicial en un bloque propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

El Ayuntamiento de la localidad trata de mediar con la Sareb -titular de los activos en el barrio El Calvario que van a ser cedidos a un tercero como parte de un proceso de ejecución hipotecaria- para evitar el desahucio de estas familias cuyos contratos de alquiler han sido declarados no legítimos.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), ha señalado que estos vecinos son víctimas de una "profunda injusticia", por lo que el objetivo del Consistorio es que se les permita seguir en las viviendas como si sus contratos fueran válidos, algo que "es posible hacerlo porque la Sareb depende del Gobierno".

El PP ha registrado en el Congreso una pregunta al Gobierno en la que pregunta qué medidas va a adoptar el Ejecutivo central "de cara a proteger a estos vecinos para que no se vean en la calle fruto del acuerdo de la Sareb con un tercero".

También pregunta si el Gobierno central puede "revertir" que la Sareb ceda estos activos antes del 22 de abril, fecha prevista para materializar este acuerdo.

Por su parte, el coordinador general de IU en Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha registrado una pregunta sobre las medidas que la Sareb va a tomar para que estas viviendas no acaben en manos de fondos privados.

Valero ha señalado que se trata de 36 familias que "llevan más de 10 años pagando el alquiler de sus viviendas, la comunidad y los gastos de luz y agua" pero el promotor "dejó de pagar un préstamo hipotecario" y ahora corren el riesgo de ser desahuciadas.

El PSOE de Torremolinos ha exigido a la Junta, a través de la Consejería de Vivienda, y el Ayuntamiento, que busquen fórmulas para evitar el desahucio de estas familias, afectadas por "un embrollo jurídico y judicial".

En una reunión con los vecinos afectados, el secretario general del PSOE local, Antonio Ruiz, ha pedido que "el inmueble no pase a engrosar el parque especulativo de la vivienda" y que los vecinos puedan "permanecer en sus casas de forma asequible".

Según fuentes municipales, la situación de estos vecinos parte de un auto de ejecución hipotecaria iniciado en 2018 a raíz de la quiebra de una inmobiliaria, que suscribe un contrato de arrendamiento con otra empresa, que, a su vez, se lo cede a una tercera.

En el trámite de ejecución hipotecaria se pidió a los ocupantes del inmueble que aportaran sus contratos y el juez sentenció en enero de 2024 que no son títulos legítimos y que la ejecutada los firmó para dificultar el proceso de ejecución.

Los servicios sociales del Ayuntamiento han hecho un informe de vulnerabilidad a varias familias: hay tres que tienen un miembro con discapacidad reconocida y con dependencia, dos familias numerosas, una persona con problemas de salud mental, dos monoparentales, tres familias de personas con avanzada edad y varias con algún miembro a la espera de ver reconocida su discapacidad.