PCR a los temporeros, una medida necesaria

Los brotes de Aragón y sobre todo los de Lleida, en la comarca del Segrià, pusieron en el foco del debate a los temporeros. Sus condiciones laborales los situaron como un factor de riesgo para la expansión del coronavirus. Para evitar que se repitan estos problemas, algunas administraciones públicas han tomado medidas. Una de las más comentadas, y aplaudidas, es la que ha anunciado La Rioja. Hará pruebas PCR a todos los trabajadores del campo que lleguen para la campaña de la vendimia, con o sin contrato. Se calcula que en total serán entre 5.000 y 6.000. Algunos llegarán ya en un par de semanas para la recogida de la fruta de pepita.

El Gobierno regional ha pedido a las organizaciones agrarias que les proporcione la información de los temporeros que llegan y se contratan para tener los datos monitorizados. Estos test se harán en tres puntos de la comunidad autónoma, cuando lleguen. Con estas pruebas PCR se busca un mayor control de los temporeros -la prevención y detección precoz del virus es clave-, aunque con esto no basta. Los protocolos de seguridad también exigirán la mascarilla obligatoria, distancias de seguridad o que se cumplan las medidas de higiene en los alojamientos y desplazamientos de los temporeros. La responsabilidad es de todos, también del empleador.

En La Mañana del Fin de Semana de COPE hemos hablado con Igor Fonseca, secretario general de ARAG-Asaja. Se ha mostrado satisfecho porque el Gobierno regional haya decidido al final pagar el 100% de las PCR aunque ha criticado que todavía estén sin cerrar algunos flecos. Por ejemplo, el del seguimiento de los temporeros durante su estancia. “Lo lógico es que más allá de una prueba masiva al comienzo, haya otras después porque hasta el final de la campaña pueden transcurrir dos meses y la situación epidemiológica puede variar bastante”, señala. Fonseca ha dejado claro que el agricultor será responsable: “En esta campaña, más que nunca, va a ser consciente de sus obligaciones no solo desde el punto de vista laboral y social sino también sanitario. Pondrá todos los medios necesarios para no tener ningún problema en su explotación”. Eso sí, ha recordado que el empleador solo se hace cargo de los que tienen contrato. Por eso, ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos para que ponga en marcha alojamientos para acoger a los irregulares que lleguen.

La idea se extiende

Esta semana el Ayuntamiento de Almendralejo, en Badajoz, ha acordado realizar un registro de los trabajadores temporeros que lleguen a la localidad para trabajar en la vendimia y la recogida de la aceituna. Se les realizarían pruebas PCR si proceden de “zonas de actuales de riesgo” con brotes en España. La idea es que la consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura lleve a cabo esos test que podrían ampliarse a otras zonas y campañas. “Lo que no queremos es que se criminalice al agricultor por esta cuestión. Necesitamos mano de obra de fuera y lo único que se pretende es que su entrada se controle para que no haya casos importados de coronavirus en Extremadura”, afirma a COPE Santiago Prieto, portavoz de la comunidad de labradores y ganaderos de Almendralejo.

El Gobierno de Navarra ya está también en conversaciones con el sector para hacer los test. Ha adelantado que pedirá una “declaración responsable” a los empleadores y que se haría cargo del aislamiento en el caso de que algún temporero dé positivo. En la Comunidad Valenciana, las organizaciones agrarias piden a la consellerias de Sanidad y Agricultura pruebas PCR para los temporeros de cara a la próxima campaña citrícola.

¿Qué dice el Gobierno?

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha señalado en los últimos días que le parece acertada la decisión de someter a los temporeros a pruebas PCR para frenar el número de contagios. “A mí me parece una buena práctica, una buena decisión. Yo creo que es una decisión que implica, no llegar con un certificado de haber pasado una PCR, sino de haberlo efectuado en el momento de la llegada, que es cuando es oportuno”, ha afirmado. Eso sí, asegura que tener el certificado no salva de la necesidad de que las condiciones sanitarias sean las correctas, fijando la atención en los desplazamientos de estas personas y también en sus alojamientos.