Salud mental, pacientes de ELA o funcionarios de prisiones atascados en el Parlamento

El Gobierno pisa el acelerador para poder aprobar la Ley de Vivienda antes de la cita electoral de mayo y también se dio prisa con la Ley de la Eutanasia, la del Aborto, la Trans o la del Solo Si es Si. En esta última, le ha tocado rectificar también antes de las elecciones autonómicas y municipales como consecuencia del millar de rebajas de penas que ha supuesto para los agresores sexuales y la consecuente pérdida de cientos de miles de votos que ha supuesto para el PSOE.

Sin embargo, hay 43 iniciativas legislativas que duermen “el sueños de los justos”. Son leyes tan necesarias como la de Seguridad del Paciente o de Salud Mental o reformas que afectan a la Ley de Secretos Oficiales o las injurias a la Corona. Todas están en trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados, cuyos plazos se amplían durante años como estrategia para que no se lleguen a aprobar.

Solo el PSOE ha pedido 1603 ampliaciones de plazo en el último año y el resto de grupos lo ha hecho en 1545 ocasiones.
En COPE analizamos la trascendencia que tiene para los ciudadanos afectados por estas iniciativas legislativas la estrategia de anunciar una ley y luego paralizarla sine die en el trámite parlamentario.

El cajón de la salud mental

Como ocurrió en muchos otros aspectos de nuestra vida, la pandemia sacó a la luz el problema de la salud mental entre los españoles. Lo demuestra el hecho de que el 6,7% de los españoles sufra ansiedad y un porcentaje muy similar padezca depresión. En ambos casos, es más del doble en mujeres (9,2%) que en hombres (4%)). Además, entre el 2,5% y el 3% de los adultos tienen un trastorno mental grave, lo que representa entorno a un millón de personas, según la Confederación Salud España.

A estos datos hay que añadir que el último informe de la Organización Mundial de la Salud destaca que uno de cada cuatro ciudadanos tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida.

Con estos informes sobre la mesa y la necesidad de contratar psicólogos clínicos en los centros de atención primaria para que atendieran a estos pacientes, se anunció una proposición de Ley de Salud Mental que lleva paralizada en el Congreso más de año y medio, empantanada en la tramitación de los plazos de enmiendas.

Antonio Cano Vindel, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés recuerda en COPE que la reforma de “la Sanidad en los años 80 ya incluía muchas medidas de salud mental que no se han cumplido, así que más que una nueva ley hace falta cumplir las medidas anunciadas. Lo que hacen falta son profesionales, formarlos y contratarlos para que lleguen a los pacientes en la sanidad pública”.

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Antonio Cano, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid

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Los datos del Ministerio de Sanidad demuestran que el 75% de los problemas mentales en España son emocionales (ansiedad, depresión...). Sin embargo, representan el 50% de los costes de salud mental porque se atienden mal. El médico de atención primaria les ven en 5 minutos y les prescriben fármacos para solucionar los problemas habituales de la vida . El propio presidente de la Sociedad Española para el estudio de la Ansiedad pone el ejemplo de esos “pacientes que han perdido un ser querido y en vez de ayudarles a pasar el duelo les recetan antidepresivos que lo único que hacen es aplazar los síntomas y enquistarlos”.

Desde Unidas Podemos anunciaron que esta ley establecería una ratio mínima de 18 psicólogos y 18 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, el triple de los trabajan ahora mismo en Atención Primaria en solo 10 comunidades autónomas.

“Podemos, señala Antonio Cano en COPE, me envió el borrador que tenían de esa ley y era una bobada casi todo lo que decía tenía poco que ver con la salud mental. El 75% de los problemas mentales son la ansiedad y depresión y ni los mencionaban”.

La seguridad del paciente es lo primero

Aplaudimos a los sanitarios a las ocho de la tarde durante los 3 interminables meses que duró el confinamiento. Su incansable trabajo en los peores meses de la pandemia nos hizo reconocer la necesidad de aumentar el número de profesionales que había en nuestro país. No ha dado tiempo a olvidarnos de esos halagos, pero si para retrasar la aprobación de una de las pocas Iniciativa Legislativa Popular que ha llegado en esta legislatura.

Durante la pandemia fue más visible la necesidad de personal, esto pasó y se ha olvidado, “pero esta carga de trabajo es día a dia de lunes a domingo...en cualquier turno” se lamenta estas enfermeras en COPE.

Se ha convertido en la la proposición de ley sobre ratios de enfermeras por número de pacientes para garantizar la seguridad de estos enfermos. Lleva más de dos años atascada y un total de 83 enmiendas a su articulado. En estos momentos sigue pendiente de continuar su tramitación en la Comisión de Sanidad antes de llegar al pleno del Congreso tras cerrarse, por fin, el plazo de enmiendas.

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Milagro López trabaja ha trabajado en distintos centros sociosanitarios de Galicia

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Milagros López trabaja ha trabajado en distintos centros sociosanitarios de Galicia desde hace más de 15 años y sabe de primera mano que “cada vez hay más demanda de cuidados, pero la ratio de personal no se incrementa”. Esta enfermera experimentada explica además en COPE que “una sola enfermera tiene que atender a 150 o incluso 200 pacientes en los turnos más complicados, como los fines de semana”.

En el ámbito de atención primaria, la ratio mínima propuesta por el sindicatos SATSE para esta iniciativa legislativa es la de un profesional por cada 1.500 habitantes, mientras que establece un máximo de 8 pacientes por enfermero/a en Unidades de Hospitalización, y de 2 pacientes por enfermero/a en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), con la posibilidad de ampliarlo a 3 de manera excepcional en unidades coronarias.

Milagros trabaja con personas dependientes, mayores y con necesidades intensas por sus patologías y reconoce en COPE que “en cualquier momento pueden sufrir situaciones de urgencia que requieren la presencia inmediata de personas y en los turnos con una sola enfermera hay que prioriza a quién a tender”.

Esta falta de calidad asistencial también repercute en los pacientes que no van a recibir los mismos cuidados, con curas que necesitan unos 5 minutos y tenemos que hacer en uno solo.

“ En alguna planta de hospital, alguna compañera mía me ha contado que se ha ido llorando por la frustración de no ser capaz de abarcar todo el trabajo que tenía que hacer”, cuenta a COPE esta enfermera gallega.

La autoridad de los funcionarios de las prisiones

Hay leyes que hacen perder cientos de miles de votos a los partidos gobernante (hasta 600.000 al PSOE, según el CIS) y urge reformar, como la llamada “Solo si es Si” y sus excarcelaciones de agresores sexuales.

Frente a estas, otras iniciativas permanecen en “un cajón” del Parlamento viendo como se aplaza su aprobación vía ampliación del plazo para presenta enmiendas, como le ocurre con la reclamación de los funcionarios de prisiones para que se les considere agentes de la autoridad mediante la modificación de la ley general penitenciaria.

Jorge Vilas López conoce bien esta situación desde la cárcel de Albocasser. Es el presidente de prisiones en CSIF Comunidad Valenciana y considera en COPE que “urge frenar las agresiones a los funcionarios de prisiones que han aumentado en los últimos años tanto en número como la gravedad de los mismos”.

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Jorge Vilas López conoce bien esta situación desde la cárcel de Albocasser

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Agredir a un funcionario de prisiones con el actual régimen penitenciario tiene la misma sanción que hacerlo a un civil, una multa, pero si esa misma agresión se produce con un policía la sanción puede llegar hasta los 4 años de prisión. Mientras se resuelve “esta discriminación, lamenta Vilas en COPE, a los presos les salen gratis esas agresiones. Hemos pasado incluso por intentos de homicidio con objetos cortantes a la altura de la yugular, con funcionarios inconscientes, rotura de piernas o brazos, además de los insultos”.

No obstante, esta reclamación lleva años encallada en el Congreso de los Diputados y los funcionarios de prisiones exigen “que el gobierno de un paso adelante y dignifique la profesión”.

El sueño de los justos

En ese cajón de sastre que se ha convertido la ampliación del plazo de enmiendas como recurso parlamentario para paralizar la tramitación de las iniciativas legislativas encontramos también paralizadas desde hace casi dos años la que asume los gastos de las familias de los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica o ELA.

Ley de la ELA fue pretende agilizar los trámites para obtener la discapacidad y garantizar cuidados domiciliarios a los pacientes de esta enfermedad neurodegenerativa. El plazo de enmiendas se ha ampliado 43 veces y las asociaciones de pacientes denuncian que no pueden cubrir el coste de terapias y tratamientos que ascienden hasta los 90.000 euros al año por paciente.A este reclamo también se han sumado Ciudadanos, el Partido Popular y VOX.

El proyecto de ley de agentes forestales y medioambientales es otros de los que sigue tramitándose en el Congreso después de que el Gobierno lo haya aprobado por segunda vez. Afecta a un colectivo de más de 20.000 trabajadores en España y busca armonizar sus condiciones en todo el territorio nacional. Eso será cuando vea la luz, el trámite parlamentario sigue encallado en la presentación de enmiendas.

La abogacía también ve con preocupación que el Congreso no mueva ficha para la suspensión de juicios por nacimiento. Hay dos iniciativas para respetar los permisos de maternidad y paternidad de abogadas y abogados que siguen paralizadas artificialmente.

Otras de las 43 iniciativas legislativas que siguen paralizadas son el trámite de la ley de secretos oficiales, la despenalización de las injurias a la Corona o la reforma del Código Penal para eliminar del mismo varios delitos de expresión.

Pisar el acelerador

En un año electoral como 2023, con una cita para los comicios autonómicos y municipales el 28 de mayo y la próxima convocatoria para las generales a finales de año, el PSOE presume de haber aprobado 200 leyes en esta legislatura.

Alguna de estas iniciativas verán la luz de forma apresurada antes de las elecciones de mayo después de que el Gobierno pisara el acelerador, como la Ley de Vivienda que está a punto de aprobar el pleno del Congreso.

A esta ley se suma también la de Educación, la de Memoria Democrática, la de Eutanasia, Trans, Aborto, Bienestar Animal o la del “solo sí es sí”.

Muchas de ellas se tramitaron por el procedimiento de urgencia o como proposiciones de ley que no necesitaban informes preceptivos de los organismos competentes. Un reciente ejemplo está en la conocida como ley “del solo sí es sí”, que acaba de ser reformada por las excarcelaciones de agresores sexuales que supuso y de las que ya advirtieron desde el Consejo General del Poder Judicial.