Choque por la concesión de las lenguas cooficiales de Sánchez: el PP duda de su constitucionalidad
Avisan a COPE fuentes populares, que "la Constitución recoge el español como única lengua oficial en todo el país"
Madrid - Publicado el - Actualizado
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El uso de las lenguas cooficiales promete desencadenar el choque en la reunión de este miércoles de la Mesa del Congreso. Frente a la mayoría del PSOE y de Sumar, encabezada por Francina Armengol, el PP duda de la constitucionalidad de una concesión de Pedro Sánchez a los independentistas en el intento de allanar su investidura. El encontronazo promete ser la tónica de la Mesa del Congreso que debe calificar la reforma del reglamento para acelerar el empleo de las lenguas cooficiales ya en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo a finales de este mes.
La necesidad de Pedro Sánchez de contar con Esquerra y Junts para hacerse con el control de la cámara baja, conllevó el abandono socialista de su tradicional posición. El giro de 180º choca con el PP que promete dar la batalla jurídica, política y económica. De hecho, duda de la legalidad del salto carente de encaje en la sede de la soberanía nacional, toda vez, avisan a COPE fuentes populares, "la Constitución recoge el español como única lengua oficial en todo el país". A diferencia del Congreso, el Senado es una cámara territorial. Además, la oposición rechaza un cambio de la normativa interna que despliega la llamada 'España Plurinacional'.
El "pero" de los servicios jurídicos
Los servicios jurídicos del Congreso avisaban este martes que es "muy difícil, si no imposible", aplicar "de forma inmediata o a corto plazo" la reforma del Reglamento de la Cámara registrada por el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG para permitir el uso generalizado de las lenguas cooficiales en los debates. Además, indicaban que su puesta en práctica obligaría a "replantear todos los procedimientos parlamentarios" tal y como están concebidos en la actualidad. Eso sí, se muestran a favor de admitir a trámite la reforma.
No ponen pegas a que, como quieren sus promotores, sea debatida en tramitación directa y en lectura única, lo que implica que sea aprobada de manera exprés en el Pleno, sin pasar por la Comisión de Reglamento, que aún no se ha constituido. Pero, pese a avalar su tramitación, los letrados advierten de las dificultades que entraña una rápida aplicación de esta reforma tal y como está planteada. Lo único que se retrasa es el uso de lenguas cooficiales al presentar textos escritos, pues se establece un periodo de transición de un máximo de seis meses para adaptar los servicios de la Cámara.