Cuenta atrás para la reforma de la Ley de seguridad ciudadana

La mayoría de grupos parlamentarios, excepto Partido Popular y VOX, han apoyado que el Congreso de los Diputados inicie de nuevo los trabajos para modificar la ley de seguridad ciudadana, como hicieron hace más de tres años. PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y EH Bildu se han mostrado a favor de tomar en consideración la propuesta del PNV para revisar la llamada ‘ley Mordaza’, en vigor desde hace cinco años, cuando gobernaba el Partido Popular.

Una ley profunda y ampliamente criticada por la entonces oposición del Partido Socialista. Sin embargo, y como dato curioso, en solo tres meses ha sido la norma más empleada por el Gobierno para sancionar a quienes incumplían las restricciones del estado de alarma.

La propuesta de los nacionalistas vascos es la misma presentaron en marzo de 2017. Esa vez fue avalada en la cámara, y sobre la que los grupos se pusieron a trabajar hace tres años para activar la reforma. Pero esa revisión resultó fallida tras la disolución continua de las Cortes para la convocatoria de elecciones generales.

Entre otros asuntos, han explicado que dicha propuesta plantea reformas "en la línea del principio interpretativo de la acción de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana, por el cual debe primar la interpretación más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga".

El Constitucional hace acto de presencia

La ley de seguridad ciudadana contempla 44 supuestos reprobables que pueden ser sancionados con hasta 600.000 euros. Fue aprobada en el año 2015 en solitario por el Partido Popular, que gozaba de mayoría absoluta en aquel entonces, pero acabó recurrida en el Tribunal Constitucional por toda la oposición en masa.

Su aprobación supuso el rechazo de asociaciones y ONGs al entender que vulneraba derechos básicos de la ciudadanía. Pero, por otro lado, se granjeó el respaldo de la mayoría de grupos sindicales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Exigían en ese momento que se respetara su derecho a la intimidad o que se sancionaran las faltas de respeto a la autoridad.

El Congreso admitió a trámite más tarde, en 2017, dos proposiciones de ley diferentes para fulminar la llamada 'Ley Mordaza'. Por un lado, una presentada por el PSOE para suprimir toda la ley popular y volver a la anterior legislación en la materia. Esta data de 1992 y es la conocida como 'Ley Corcuera' -o ‘ley de patada en la puerta’-, por el entonces ministro del Interior socialista, José Luis Corcuera. Pero también, por otro lado, una del PNV, que modifica la ley vigente sin necesidad de regresar a 1992.

La ley modificada más de la mitad en las iniciativas del PNV

Tras largos meses de ampliaciones de los plazos de presentación de enmiendas a ambas propuestas, la ponencia comenzó a trabajar en octubre de 2018 sobre la iniciativa impulsada por el PNV llegando a modificar más de la mitad de la ley 'popular', pero la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones para el 28 de abril de 2019 provocó su paralización.

En la legislatura corta que siguió a esos comicios, el PNV volvió a registrar su proposición para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, pero también decayó con la disolución de las Cortes ante la repetición de las elecciones de noviembre de ese mismo año, e hizo lo propio el pasado mes de diciembre, con el inicio de la presente legislatura.