Editores, periodistas y usuarios ven "inaceptable" el cierre de webs sin autorización judicial

Asociaciones de editores, empresas digitales, periodistas y usuarios de Internet han cargado este miércoles contra la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada en el Congreso de los Diputados al considerar "inaceptable jurídicamente" el cierre de páginas webs reincidentes sin autorización judicial y es contraria al artículo de la Constitución sobre el secuestro de publicaciones.

La Comisión de Cultura de la Cámara Baja aprobó por unanimidad la pasada semana esta reforma, que contempla medidas contra la piratería, como el cierre de webs que hayan incumplido de forma reiterada la ley sin necesidad de volver a requerir autorización judicial.

En un manifiesto conjunto firmado por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), la Asociación de Internautas, FACUA-Consumidores en Acción, ADIGITAL, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Asociación Española de Startups, han denunciado que esta medida es contraria a lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución que exige una orden judicial para el secuestro de publicaciones.

En esta línea, han censurado que sea una "Comisión vinculada al Gobierno" quien ordene "administrativamente" la retirada de contenidos en Internet "sin que un juez evalúe si afectan o no a un derecho fundamental como es la libertad de expresión".

"Esta reforma es inaceptable jurídicamente porque, por un lado, la existencia de un incumplimiento previo (infracción de propiedad intelectual) que da pie al cierre de una web es decidida por la propia Comisión del Ministerio de Cultura; pero, además, hay un supuesto en el que no hace falta una reiteración del incumplimiento sino que basta con su reanudación, es decir, el presunto infractor retira voluntariamente el contenido y después -también a juicio de la comisión- reanuda la misma actividad", han denunciado en el manifiesto.

Sobre este último punto, han trasladado su "preocupación" ante el hecho de que así se obliga al titular de una web "a una supervisión general de contenidos contraria a las directivas europeas actualmente vigentes".

Por ello, exigen a los Grupos Parlamentarios del Senado a enmendar el proyecto que se aprobó hace una semana en el Congreso al considerar que tiene "un impacto grave, desproporcionado e injustificable sobre las libertades en Internet" y, en particular, sobre la "libertad de expresión e información" y sobre el "desarrollo económico de las empresas digitales".