Fiscalía exculpa a Mesa del Parlament que tramitó la norma para declarar la independencia

La Fiscalía Superior de Cataluña descarta que la Mesa del Parlament cometiera un delito de desobediencia cuando admitió a trámite la ILP para declarar la independencia, porque no existía un mandato "expreso, claro y directo" del Tribunal Constitucional (TC) que así lo prohibiera.

Así lo razona el ministerio público en el informe que ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para oponerse a que se investiguen las denuncias de Vox y CS contra la presidenta del Parlament, Anna Erra (Junts), y otros dos diputados de la Mesa de Junts y de la CUP por tramitar una ILP para declarar la independencia.

La Fiscalía argumenta que la decisión de la Mesa de tramitar la ILP, que ha sido suspendida por el Constitucional, no constituye una desobediencia a un "mandato concreto" dirigido a sus miembros, sin que la jurisprudencia genérica del Tribunal sea suficiente para que su actuación pueda considerarse delictiva.

Según el ministerio público, no es "razonable" el argumento esgrimido por CS de que los miembros de la Mesa desobedecieron las resoluciones del Constitucional que, a lo largo de procés, ordenaban impedir cualquier iniciativa encaminada desarrollar la declaración de ruptura que aprobó el Parlament el 9 de noviembre de 2016.

En ese sentido, la fiscal Assumpta Pujol descarta que el mandato de esas resoluciones del Constitucional "tuviera por objeto la actuación realizada por la Mesa del Parlament" o que sus destinatarios "directos" fueran los querellados ni que existiera un "mandato expreso, claro y directo" dirigido a ellos.

Para el ministerio público, la tramitación de la ILP independentista tampoco constituye un delito de prevaricación, puesto que la resolución de la Mesa no puede considerarse un acto administrativo.

El grupo parlamentario de Vox se querelló en febrero pasado ante el TSJC contra la presidenta del Parlament y miembros de Junts y la CUP en la Mesa por admitir a trámite la iniciativa que pedía que se declarara la independencia de Cataluña, mientras CS optó por presentar una denuncia ante la Fiscalía Superior de Cataluña.

La ILP, presentada por Solidaritat Catalana per la Independència (SI), fue admitida a trámite por la Mesa del Parlament gracias a los tres votos a favor de Junts y de la CUP, con la negativa del PSC-Units y la abstención de ERC y a pesar de contar con el informe en contra del letrado Xavier Muro.