Las claves para entender el caso de los ERE

El caso de los ERE es una trama de corrupción política en la que están involucrados políticos de la Junta de Andalucía. Lleva dando que hablar desde 2001, año en el que gobernaba en la comunidad Manuel Chaves, presidente del PSOE de 2000 a 2012, mismos años en los que fue secretario general del partido, José Luis Rodríguez Zapatero. Fue en 2011 cuando comenzó a destaparse el caso. Hoy se ha visto por primera vez la imagen de dos presidentes socialistas andaluces sentados en un banquillo, rodeados por otros veinte ex altos cargos de sus gobiernos.

La expectación ante el "paseíllo" de los exdirigentes era máxima, pero sólo entre los medios de comunicación, ya que ni había protestas ni "curiosos" merodeando, quizás por las temperaturas, que no superaban los 5 grados en ese momento, aunque la zona delimitada tampoco hubiera permitido que se acercaran mucho a los acusados. Chaves llegó a las 9:37 horas, acompañado de su abogado, y esbozó una leve sonrisa ante los medios de comunicación que le preguntaban cómo afrontaba el juicio y saludó antes de entrar en el edificio. Le sucedió, como en el Gobierno andaluz, Griñán, que llegó apenas medio minuto después, también acompañado de su defensa y también sonriendo y saludando a los medios allí presentes, a los que dijo que estaba tranquilo pero que no iba a hablar. Ambos habían llegado en coches separados y ambos optaron por el traje de chaqueta sin abrigo, a pesar de las bajas temperaturas.

El magistrado presidente del tribunal, Juan Antonio de la Calle, ha dado paso a las 10.50 horas a la lectura de los 44 folios del escrito de la Fiscalía Anticorrupción, en el que se pide entre 6 y 8 años de prisión y 30 de inhabilitación para 15 acusados (entre ellos Griñán) por prevaricación y malversación y 10 años de inhabilitación a siete (entre ellos Chaves) a los que sólo acusa de prevaricación.

Tras su lectura, que ha durado hasta las 12.30 horas, el tribunal ha hecho un receso de 15 minutos durante el cual en los pasillos de la Audiencia de Sevilla acusados y abogados han departido entre ellos, antes de dirimir si la acusación popular que ejerce el PP renunciaría o no a la lectura de su escrito de 107 folios (Manos Limpias sí lo ha hecho al coincidir con el del fiscal).

Finalmente, los letrados del PP, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, han pedido que se leyera prescindiendo de 58 páginas que reproducen documentación de la causa, algo que no ha sentado nada bien a los acusados y sus defensas, algunas de las cuales han expresado al tribunal su desacuerdo, como el abogado del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, Pedro Apalategui, por considerar que todas las partes están ya enteradas de los delitos por los que son juzgados.

Origen

El origen del caso está en la investigación del caso de corrupción en la empresa sevillana Mercasevilla. Se detectaron prejubilaciones y despidos supuestamente fraudulentos. En 2001 la Junta de Andalucía comenzó a respaldar a económicamente a empresas que se vieron obligadas a despedir a sus trabajadores. Sin embargo, la Junta afirma que este procedimiento se realizó de manera legal.

Los jueces del caso y la Guardia Civil detectaron que el dinero que se utilizó para respaldar a las empresas y ayudar a los parados, se hizo de forma indebida. En determinados casos, había beneficiarios que no habían trabajado en las empresas.

El caso está siendo investigado por la juez María Núñez Bolaños, pero inicialmente fue el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por la juez Mercedes Alaya y por el Tribunal de Cuentas del Estado, quien se ocupó del procedimiento.

Implicados

En el banquillo de los acusados estarán los expresidentes de Andalucía, Manuel Chaves (1990 - 2009) y José Antonio Griñán (2009 – 2013), pero también están implicados excargos de la Junta de Andalucía, como el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández; o el exalcalde y actual consejero socialista del ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva), Francisco Rodríguez Donaire.

En total, tendrán que acudir al juicio los 22 acusados. Los dos expresidentes más los 20 exmiembros de sus gabinetes durante sus mandatos en la Junta de Andalucía. Al principio la juez Alaya imputó a 50 personas de la Junta, pero fue el juez Álvaro Martín quien desimputó a 24 de esos altos cargos.

El PP es otro de los partidos que está personado en la causa. El ministro de Interior Juan Ignacio Zoido, y Antonio Sanz, actual delegado del Gobierno de Andalucía, avalan las teorías de la juez Alaya y piden ocho años de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán, y otros dos años de cárcel y vientidós de inhabilitación para Chaves.

Juicio

Se juzga si todos los implicados participaron en la creación o mantenimiento de un procedimiento específico para dar ayudas sociolaborales que durante una década (2001-2011) permitió repartir 850 millones de euros de forma "arbitraria" y "sin control" ni fiscalización previa a empresas en crisis para prejubilar a trabajadores.

Un procedimiento que facilitó que sólo accedieran a las ayudas ciertas empresas, como instrumento para mantener la paz social, se prejubilaran personas en ERE de empresas en las que nunca trabajaron (algunas familiares o allegados de los acusados) y se causara un quebranto a las arcas públicas al contratar a determinadas aseguradoras, bufetes y mediadores pagando sobrecomisiones, si bien esos efectos no se juzgan ahora.

Están todos acusados por la Fiscalía y el sindicato Manos Limpias de prevaricación, que sólo conlleva penas de inhabilitación (es el caso de Chaves y otros 6 procesados), y la mayoría también de malversación de fondos públicos, delito por el que Griñán y otros 14 acusados se enfrentan a entre 6 y 8 años de prisión.

Qué dicen los partidos políticos

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha expresado su deseo de que la justicia "haga su trabajo" en el caso de los ERE y determine "el nivel de responsabilidad" de los que han cometido irregularidades. Marín ha calificado este "episodio" de "muy triste", por cuanto "más de 800 millones de euros de recursos tienen una sombra de duda importante", si bien ha subrayado que no puede actuar como "comentarista jurídico".

La portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, acusa a la presidenta andaluza, Susana Díaz, de "perpetuar las políticas de recortes sociales" en Andalucía "en lugar de colaborar" con la justicia en el caso de los ERE de Andalucía. Vera señala que la Ejecutiva de Podemos ha pasado buena parte de su reunión hablando de corrupción y esta vez "mirando al PSOE" en lugar del al PP porque esta semana empieza el juicio de los ERE andaluces.

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, por su parte, espera que el juicio de la pieza política de los ERE "esclarezca toda la trama", qué "red de complicidad" hubo y hasta dónde llegó, y que los responsables "sean quienes sean, paguen". Moreno ha señalado a los periodistas que confía en que a partir de este miércoles se conozca "la verdad de lo que pasó" por parte de los veintidós altos cargos imputados, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.