Las denuncias y querellas contra el Gobierno que sí pueden ser investigadas

Esta mañana, el Tribunal Supremo ha rechazado las denuncias y las querellas contra la gestión del Gobierno en la gestión de la pandemia contra la covid-19. Ha inadmitido veinte querellas y treinta denuncias presentadas por distintos sindicatos y asociaciones por no estar debidamente justificada la autoría de los hechos. Es decir, no puede justificarse que el Gobierno sea responsable de dichos actos.

Sin embargo, el Tribunal Supremo sí ha remitido las denuncias a los juzgados ordinarios de Madrid para que pueda investigar las querellas con el único objetivo de incoar las causas penales correspondiente. El informe remitido por el Supremo incide en que los juzgados deberán incidir en las muertes en residencias de ancianos, la omisión de medidas de seguridad a sanitarios y policías en los meses más duros de la pandemia, e incluso una posible malversación de fondos públicos en la contratación de material defectuoso para combatir la pandemia.

Algunas de las querellas y denuncias que se han presentado imputaban al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a todos los vicepresidentes y ministros por delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, todos ellos amparados en la inacción y la mala gestión ante la pandemia de covid. Una gestión, que para los denunciantes, habría causado un gran numero de fallecidos y lesionados a causa del virus. "Para considerar a los querellados responsables de un delito de homicidio o de lesiones por imprudencia, no bastaría con acreditar que se ocultó información procedente de organismos internacionales y que esos informes técnico-sanitarios ya estaban disponibles para el Gobierno. Ni siquiera sería suficiente con demostrar que la no adopción de medidas tendentes a evitar las aglomeraciones masivas pudo incrementar el número de contagios", recoge el auto emitido por el Supremo.

Sin embargo esto no significa que el Tribunal Supremo haya desestimado todas las denuncias y querellas, ya que aún ve margen para investigar algunas de las querellas y remiten a los juzgados de Madrid como la omisión en las medidas de seguridad para sanitarios y policías, las muertes en residencias de ancianos y una posible malversación de fondos públicos en la compra de materiales defectuosos para combatir el virus.

Omisión en las medidas de seguridad

Sobre el delito contra los derechos de los trabajadores sanitarios y policías por no haber recibido los medios y equipos de protección necesarios para afrontar las primeras semanas, incluso meses, de la pandemia. El Supremo afirma así que, en este caso, se puede tratar de una conducta omisiva que habría generado riesgo en los trabajadores.

Si bien las querellas no describen indicios concretos, el Alto Tribunal ha tomado la decisión de enviar las denuncias a los juzgados ordinarios para determinar "quién era la autoridad legalmente obligada a prestar los medios indispensables para que los trabajadores desempeñaran su actividad conforme a las normas de seguridad".

Residencias de ancianos

Si bien los magistrados del Alto Tribunal son conscientes de la gravedad de los hechos, el auto emitido por el Supremo explica que no basta con una "mera atribución competencial de la gestión al departamento, ministerio o consejería dirigido por uno de los querellados para imputarles por estos hechos". Por ello también considera que existan datos objetivos para imputar a los supuestos responsables de estos hechos, en base a los resultados de cada caso y de la persona afectada. Por ese motivo, se ha acordad enviar a los juzgados las denuncias y querellas por el fallecimiento de ancianos en las residencias para poder investigar más en profanidad los hechos.

Los juzgados madrileños deberán esclarecer si "esos fallecimientos estuvieron asociados a decisiones políticas, administrativas o de gestión y si aquellas son susceptibles de reproche penal".

Malversación de fondos públicos

Si bien el auto del Alto Tribunal analiza cada uno de los delitos que se atribuyen en las querellas y denuncias, también se menciona el de malversación de caudales públicos en la contratación de material defectuoso para sanitarios y fuerzas de seguridad para combatir la pandemia de coronavirus. Se trata de otro de los delitos que el Supremo ha remitido a los juzgados ordinarios para valorar e investigar si realmente se pueden incoar causas penales contra los responsables.