El Gobierno da luz verde a unos Presupuestos faltos de apoyo y con más inversión para Cataluña

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019, que ahora iniciará su tramitación en las Cortes, donde tiene que recabar apoyos suficientes para la aprobación definitiva del texto.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que el aumento de inversión a Cataluña, que recoge el proyecto de ley de Presupuestos  "no significa ninguna contrapartida", y "los que creen en Cataluña" deberían respaldar su tramitación.

La ministra portavoz, Isabel Celáa, por su parte ha descartado cualquier movimiento a favor de los políticos presos para conseguir el apoyo de los independentistas a los presupuestos.

"Lo que corresponde a los tribunales no lo hará el Ejecutivo" ha reiterado Celáa en respuesta a las declaraciones del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien en una entrevista con Efe advertía al presidente Pedro Sánchez de que "el voto de ERC no va de inversiones". "Estamos hablando de presupuestos, de números, de inversiones y de mejorar el estado del bienestar, y el Gobierno no entrará para nada en asuntos que no responden estrictamente a esto", ha añadido Celáa.

Por su parte, Montero en la rueda de prensa ha explicado que este aumento de la inversión en Cataluña, que crecerá por encima del 18 por ciento, está recogida en el Estatut.

Montero ha reiterado que los presupuestos son buenos para España y para Cataluña, ha dicho que es "optimista" en su tramitación y ha pedido el respaldo a quienes "defienden Cataluña"

Por otro lado Celaá, ha señalado enque estas cuentas pretenden "blindar el estado del bienestar", ya que rescatan "derechos maltratados por el anterior gobierno", como dependencia, sanidad o educación.

Asimismo, estos Presupuestos buscan caminar hacia el futuro y "huir del pasado en blanco y negro de la que algunos están teniendo bastante nostalgia" de tiempos anteriores.

Beneficiarán así a jóvenes, quienes cobran el salario mínimo, funcionarios o clase media, ha añadido, al tiempo que blindan derechos y libertades "que se empiezan a cuestionar". 

Celaá ha destacado que los presupuestos defienden el diseño de un modelo territorial constitucional, y ha afirmado que se trata de fortalecerlo ya que no son unos presupuestos centralistas sino que abogan por las Comunidades Autónomas.

Celaá ha hecho hincapié en que  recogen partidas para reforzar la lucha contra la violencia machista y proteger a las mujeres de los "maltratadores y asesinos" frente a quienes quieren retirar las ayudas o acabar con pactos que ha costado mucho conseguir.

"Buscan el equilibrio, la convivencia y la unión"

Además el gobierno prevé que la recaudación tributaria alcance en 2019 los 227.356 millones de euros, lo que supone un récord histórico que se sitúa un 9,5 % por encima de la cifra lograda en 2018 de acuerdo al avance de liquidación y un 8,3 % de lo estimado en el Presupuesto del pasado ejercicio.

Montero ha explicado que estas previsiones incluyen los nuevos impuestos diseñados por el Ejecutivo, entre los que figuran la tasa a las transacciones financieras y el impuesto a las grandes tecnológicas.

En concreto, el Ejecutivo prevé que la recaudación por IRPF se sitúe en 86.454 millones, un 4,9 % más que en el avance de liquidación, mientras que el IVA ingresará 78.307 millones, un 11,7 % más.

La recaudación de los impuestos especiales se situará en 23.057 millones, un 11,8 % más. 

En cuanto al gasto en pensiones se llevará 42,1 euros de cada 100 que incluye Estado, Seguridad Social y organismos autónomos, agencias estatales y organismos públicos-, por lo que sumará un importe de 153.864 millones de euros.

Este Presupuesto está elaborado con una meta de déficit del 0,3 % del PIB para la Administración Central y del 0,9 % para la Seguridad Social, dentro del objetivo global para el conjunto de las administraciones del 1,3 % del PIB, que finalmente no ha podido ampliarse al 1,8 % que planteaba el Gobierno por el bloqueo de la mayoría absoluta del PP en el Senado.

El proyecto presupuestario se aprueba con meses de retraso, ya que la ley establece que el texto tiene que entrar en las Cortes antes de que finalice septiembre del ejercicio anterior, con el objetivo de que esté en vigor antes de que comience el año.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevará el lunes a las diez de la mañana dicho proyecto a la Cámara Baja, para iniciar su tramitación parlamentaria, que se prolongará durante unos tres meses.

A pesar de que el Gobierno encontró a finales de diciembre (en un segundo intento) los apoyos a su nueva senda de déficit, que posteriormente rechazó la mayoría del PP en el Senado, tanto ERC como PDeCAT han reiterado su negativa a aprobar los Presupuestos del Gobierno del PSOE.

No obstante, sí se han abierto a la posibilidad de permitir su tramitación, lo que supondría renunciar a presentar enmienda a la totalidad y asegurar el rechazo de las que presenten otras formaciones. En los últimos días las formaciones independentistas han rebajado sus exigencias, si bien ERC condiciona su apoyo a las cuentas a que la Abogacía del Estado retire la acusación de sedición contra los políticos catalanes presos, en tanto que el PDeCAT reclama una mesa de diálogo con propuestas concretas para Cataluña.

Para superar los votos de PP, Ciudadanos, UPN, EH-Bildu, Coalición Canaria y Foro Asturias, que el pasado mes de diciembre rechazaron los objetivos de déficit de Sánchez, el Gobierno necesita sumar a los votos del PSOE los apoyos de Unidos Podemos, con quien ya firmó un acuerdo presupuestario, pero también de Compromís, PNV, Nueva Canarias, ERC y PDeCAT.

De repetirse los rechazos a la senda de estabilidad en el debate de totalidad de los Presupuestos, al Gobierno no le valdría un apoyo y una abstención, ya que necesitaría que tanto ERC como PDeCAT rechazaran las enmiendas y votaran junto al bloque que busca tramitar las cuentas.

PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

Para iniciar la tramitación el proyecto de PGE será necesario habilitar el mes de enero, ya que este mes no es hábil para la actividad parlamentaria. El lunes llegará el proyecto al Congreso de la mano de la ministra de Hacienda, que, junto a sus secretarias de Estado, detallará a los medios de comunicación el contenido del proyecto, que ese mismo día será calificado por la Mesa del Congreso y luego será publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Además, el órgano de gobierno del Congreso aprobará un calendario de tramitación, abriendo un plazo para solicitar las comparecencias de los altos cargos del Gobierno y organismos públicos, con el fin de explicar las cuentas de los distintos departamentos.

Tras la ronda de comparecencias, los grupos que lo deseen tendrán hasta el viernes 8 de febrero para presentar sus enmiendas a la totalidad, con las que buscarán tumbar el proyecto y devolver las cuentas al Gobierno y que se debatirán en sesión plenaria la semana siguiente, los días 12 y 13 de febrero. En este debate, la ministra de Hacienda defiende el texto ante el Pleno y los grupos que deseen la devolución de las cuentas, su rechazo a través de sus enmiendas de totalidad.

Para superar este trámite, de una única votación, y lograr la supervivencia de sus Presupuestos, Sánchez deberá contar con unos apoyos que a día de hoy no tiene atados.

Si el proyecto presupuestario supera el trámite de las enmiendas de totalidad, y a posteriori el de las enmiendas parciales en Comisión, la votación final del dictamen presupuestario en el Pleno del Congreso se podría producir a mediados del mes de marzo.