Seis de los ocho condenados por el 11-M que continúan en la cárcel están en el régimen más duro

Tanto el Hassan El Haski, como Jamal Zougam, piezas clave de aquella matanza, están clasificados en primer grado penitenciario, el más duro entre rejas. Además, parecen seguir en lo mismo: figuran como investigados desde octubre de 2018 por su posible integración en una red yihadista en las cáceles españolas. La política de dispersión penitenciaria también funciona en este frente: El Haski en Castellon II, Zougam en la prisión coruñesa de Teixeiro o el asturiano Suárez Trashorras en Dueñas (Palencia). Mohamed Bouharrat en Valladolid y otro asturiano, Antonio Toro, en Lugo.

Jamal Zougam es autor material de la matanza, según la sentencia del 11M, además de responsable del locutorio de Lavapiés (Madrid) de donde salieron los teléfonos que activaron las bombas de la matanza. Zougam cumple su condena en el año 2044. Lo mismo que otro de los grandes condenados del 11-M, Emilio Suarez Trashorras, el asturiano del explosivo. También tiene prevista su licencia para el año 44. Fue trasladado a Palencia tras amenazar a un funcionario de la cárcel de Alama, en Pontevedra. Además de Zougam, Trashorras y El Haski, otras tres piezas clave continúan en ese primer grado: Othman el Gnaoui (quien transportó el explosivo de Asturias a Madrid) se encuentra en la cárcel de Alama (Pontevedra), Abdelmajid Bouchar (“el gamo”, que huyó de la casa de Leganés antes de la explosión) se encuentra en Teixeiro y Rachid Aglif , “el conejo” en Castellón II. El Tribunal Supremo confirmó finalmente 18 condenas.

En segundo grado penitenciario, menos restrictivo, están Mohamed Bouharrat (la policía le sitúa en el piso de Leganés) y quedará libre 2022. También el otro asturiano, Antonio Toro (el cuñado de Trashorras) que se encuentra en Lugo. Ha cumplido ya por el 11-M, pero aún le quedan tres años de prisión por un asunto de drogas. El siguiente en licenciarse, el próximo mes de junio, será Hassan El Haski. Puede que no salga de la cárcel por su implicación en la operación Escribano contra el yihadismo.

Tres operaciones similares se han producido de octubre de 2018 a febrero de 2019. Implican en general a 35 presos. En dos de ellas ha sido determinante el trabajo de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias del programa antirradicalización. 133 internos están incluidos en ese especial seguimiento. A 33 se les considera posibles captadores para la causa terrorista y 81 son suceptibles de ser captados.