El Tribunal Constitucional podría votar este jueves sobre el recurso del PP a la ley del aborto
Este miércoles Enrique Arnaldo ya comenzó su exposición y fuentes del TC explican a COPE que la votación final podría comenzar este 9 de febrero
Madrid - Publicado el - Actualizado
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El Tribunal Constitucional ha rechazado este miércoles apartar a cuatro magistrados del recurso contra la Ley del Aborto que participaron hace casi trece años en la tramitación de aquella norma y evita así quedarse sin quorum para resolver. La mayoría progresista, de siete a cuatro en el pleno, tiene intención de avalar íntegramente la Ley del Aborto impulsada en 2010 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sin aceptar limitaciones o condiciones al derecho al aborto. Esto podría ocurrir ya este jueves, tal y como explican a COPE fuentes del TC.
Como era de esperar, el pleno del tribunal de garantías ha inadmitido a trámite los incidentes de recusación contra el presidente Cándido Conde-Pumpido y los magistrados Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel por falta de legitimación de los cinco exdiputados del PP que les recusaron. Precisamente, el tribunal ya rechazó este martes la abstención de Espejel porque el Pleno no consideró justificados sus motivos que, en caso de haberse aceptado, habría abocado a tres magistrados más a seguir sus pasos.
Resueltas ya las abstenciones y recusaciones, el Pleno abordará ahora el debate de la ponencia del conservador Enrique Arnaldo, que avala la ley de 2010 y solo ve inconstitucional una cuestión, el artículo que regula la información que reciben previamente las mujeres al considerar que no está debidamente informada. Si se avala el texto sin limitaciones, se abren dos escenarios: que Arnaldo asuma la tesis de la mayoría o renuncie a la ponencia para que sea otro magistrado el que la redacte acorde al sentir mayoritario y se apruebe así en el siguiente pleno.
El Senado da luz verde
Mientras tanto, el Senado mostró este miércoles su apoyo a la reforma de la ley del aborto, que busca garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y eliminar la exigencia del permiso paterno para las menores de 16 y 17 años. La ley culmina así su trámite en la cámara alta y deberá volver ahora al Congreso para su aprobación definitiva al haber incorporado algunas enmiendas, como la propuesta por el PSOE para impedir que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo se vean sometidas a prácticas no científicas para condicionar su decisión, como escuchar el latido del corazón del feto o ver una ecografía 4D.