Villacís incumplió presuntamente el Código Ético de Cs

Según el Ayuntamiento, conculcó su deber de declarar bienes y actividades, así como el régimen de incompatibilidades, lo que sanciona la formación

Begoña Villacís con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera

Marcelino Abad

Publicado el - Actualizado

4 min lectura

Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, ocultó durante tres años una sociedad patrimonial con dos millones de euros en inmuebles. Así lo ha desvelado el diario 'ABC', que ha publicado que la dirigente, que es concejal desde 2015, fue administradora de Iuriscontencia S.L. desde febrero de 2007 hasta marzo de 2018. La empresa fue utilizada para construir su casa, de 667 metros cuadrados, y comprar otros dos inmuebles junto a su marido, el también abogado Antonio Suárez-Valdés.

Pese a que la empresa no es ilegal, la líder de Ciudadanos en la capital habría vulnerado presuntamente la Ley de Transparencia y la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establecen la obligación que tienen los representantes locales de hacer declaraciones anuales de sus bienes, de las actividades que les puedan proporcionar ingresos económicos y de las causas de posible incompatibilidad con su cargo.

Según un documento de la Alcaldía al que ha tenido acceso 'ABC', Villacís, como administradora de la sociedad mercantil, y en calidad de concejal en régimen de dedicación exclusiva, “desarrolló una actividad privada” para la que la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas exige “el reconocimiento de compatibilidad por el Pleno municial”.

Aunque Villacís se ha defendido atribuyendo a un “error administrativo” no haber declarado su sociedad, y desvinculándose de la misma en 2009, continuó como administradora hasta el 26 de marzo de 2018, compatibilizando sus funciones con su cargo de concejal y ejerciendo de letrada en 2013 y 2014, según subraya el Ayuntamiento.

Precisamente, estos comportamientos podrían dar lugar a una sanción, mediante multa por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, o al traslado de los hechos a la Fiscalía para que dirima si la omisión de bienes y actividades es constitutiva de delito y, en su caso, ejerza la acusación pública contra ella.

EL CÓDIGO ÉTICO DE CIUDADANOS

Estos hechos colocan a la candidata de Ciudadanos al Palacio de Cibeles a los pies de los caballos, pues según el Código de Ética del partido, sus representantes institucionales y los cargos orgánicos “asumirán el compromiso de cumplir estrictamente el régimen de incompatibilidad previsto en las leyes, absteniéndose entre otros supuestos de participar o desarrollar toda actividad privada que pueda conllevar un supuesto claro de conflicto de intereses en el ejercicio de su cargo, y no aceptando ningún trato de favor ni de ninguna otra índole que implique directa o indirectamente algún tipo de privilegio o ventaja”.

Además, “en el desarrollo de sus funciones actuarán de acuerdo con los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia, austeridad y buen gobierno”. Están obligados a “mantener una perfecta honradez y probidad en su conducta” y “deberán velar siempre por el interés público y el servicio a los ciudadanos, y absterse de realizar cualquier conducta que pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización política”.

Pese a ello, el Código Ético de Ciudadanos solo exige a sus dirigentes poner el cargo y, en su caso, el acta a disposición del partido, si fueran “acusados por el Ministerio Fiscal por la comisión de cualquier delito, investigados aún sin acusación, en el transcurso de una investigación judicial, tratándose de un delito de corrupción, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cualquier otro comprendido en el título XIX del Código Penal y, en todo caso, si fueran condenados en cualquiera de los dos supuestos anteriores”.

Aunque Villacís vulneró presuntamente el Código Ético de Ciudadanos al no cumplir el régimen de incompatibilidades, la formación no tipifica una sanción para esta conducta. Su candidatura al Palacio de Cibeles sí debería cesar en caso de que el Ministerio Público ejerza la acusación contra ella.

LA DOBLE VARA DE MEDIR DE RIVERA

Aunque Albert Rivera  ha defendido que su formación tiene un código ético "muy exigente", y a pesar de que su partido se ha mostrado especialmente crítico con el resto cuando se han visto involucrados en infracciones o delitos, tras la información de 'ABC' declinó realizar declaraciones. Además, desde la Ejecutiva solo se pronunció Fernando de Páramo, pero para remitir a las explicaciones de la propia Villacís.

Sin embargo, Rivera sí se ha mostrado especialmente crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando se desveló que la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, utilizó una sociedad instrumental para adquirir su vivienda de Madrid. Entonces acusó a Sánchez de haber elaborado su Ejecutivo “de cualquier forma” y exigió la comparecencia de Calviño.

Rivera también cargó contra el ministro de Ciencia, Pedro Duque, cuando se publicó que tenía una sociedad patrimonial con varios inmuebles. Entonces dijo que "era intolerable la falta de ejemplaridad".

Del mismo modo, le exigió explicaciones a la ministra portavoz, Isabel Celáa, "si las tiene", para determinar si "ocultó" una propiedad inmobiliaria en su declaración de bienes.