El abuso del decreto ley, el salvavidas de Sánchez para gobernar

Legislar a las bravas por no disponer de la aritmética parlamentaria suficiente. Este es el abuso del decreto ley, un instrumento normativo que la Constitución prevé para que el Gobierno regule situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”. Sería el caso, por ejemplo, de una catástrofe natural que requiere de una respuesta inmediata por parte de los poderes públicos.

Presupuestos que dudosamente tienen que ver con la renovación de un consejo de administración como el de RTVE teniendo en cuenta los pactos que a la postre se evidenciaron entre el Gobierno y Podemos para nombrar a su cúpula directiva. Y eso que la intención era la “despolitización” del ente público. Pero el Ejecutivo también ha encauzado por la vía del decreto ley la subida de las pensiones de viudedad o la devolución de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Desde el punto de vista jurídico, una práctica que retuerce este instrumento para presentar lo que será la continuación del programa electoral de Sánchez antes de convocar elecciones.

LA EVASIÓN DEL PARLAMENTARISMO

Una de las principales características del decreto ley, previsto en el artículo 86.1 de la Constitución, es que la sola voluntad del Gobierno basta para aprobar la norma sin necesidad de someterse al debate parlamentario que vertebra el procedimiento legislativo. De este modo, la norma es aprobada por el Ejecutivo en lugar de por el Parlamento, entra en vigor inmediatamente y el Congreso tiene que ratificar el proyecto en un plazo de 30 días aceptando o rechazando el texto en su totalidad, esto es, sin posibilidad de introducir enmiendas.

Atendiendo al espíritu del real decreto -situaciones de extraordinaria y urgente necesidad-, la regulación resulta razonable. El problema está en que el Gobierno de Sánchez entiende que su “agenda reformista” es altamente necesaria, si bien resulta escasamente extraordinaria y urgente a la luz del artículo 86.1 de la Constitución. Como consecuencia, se produce la evasión del parlamentarismo: una garantía de los Estados democráticos que actúa como límite a la actuación gubernamental, pues el procedimiento legislativo obliga a las fuerzas políticas a justificarse y enfrentarse a las críticas de la oposición.

"La norma es aprobada por el Ejecutivo en lugar de por el Parlamento, entra en vigor inmediatamente y el Congreso tiene que ratificarla sin posibilidad de enmiendas"

LA CONTRADICCIÓN DEL PSOE CON LOS "DECRETAZOS"

El recurso de Sánchez al salvavidas del decreto ley no es nuevo en democracia. En mayor o menor medida, todos los Gobiernos han utilizado esta figura. El propio Tribunal Constitucional corrigió en parte por abusivo el decreto ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia aprobado por el Gobierno de Rajoy al entender que "no existe justificación alguna respecto de la urgencia y necesidad ” y “la reforma podía haberse impulsado por el trámite del procedimiento legislativo".

Precisamente, fue el PSOE el que criticó al PP durante la IX y X legislaturas en las que el Gobierno aprobó el mayor número de decretos ley -57 y 54 respectivamente- por hacer “un mal uso democrático” de este instrumento al “huir de los debates a base de un procedimiento exprés. Es la antítesis del buen parlamentarismo y de la separación de poderes”, alegaban los socialistas.

Con las dificultades de gobernar en minoría, Sánchez ahora apela al decreto ley para sacar adelante su programa electoral, si bien no resulta admisible que termine por invertir los presupuestos del orden democrático, haciendo de la excepción constitucional al procedimiento legislativo la regla de gobierno.