Acercan al País Vasco a 5 presos etarras, entre ellos el asesino de Lacalle

(Actualiza la NA5204 con comunicado de la AVT)

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha acordado el traslado a cárceles próximas al País Vasco de cinco presos etarras, entre ellos el asesino del periodista José Luis López de Lacalle y el que ordenó el secuestro del funcionario de Prisiones José Antonio Ortega Lara.

Dos de los trasladados lo serán desde Sevilla II, con lo que aún quedan diez presos etarras en cárceles del sur de España.

Uno de los trasladados es la presa Iratxe Yáñez Ortiz de Barrón, que de la cárcel de Asturias pasará a la de Álava. Cumple una condena acumulada de 20 años y cumplirá las tres cuartas partes de la condena en enero de 2025.

Yáñez, condenada por intentar establecer en 2010 una base de la banda terrorista en Portugal, entre otros delitos, ha aceptado la legalidad penitenciaria y ha remitido un escrito en el que se desvincula de la banda.

Mientras, el etarra Andoni Goikoetxea Gabirondo, considerado uno de los mayores expertos en explosivos de la banda, será trasladado desde Dueñas (Palencia) a El Dueso (Cantabria).

Goikoetxea ingresó en prisión en 2019 y cumple condena de 7 años por depósito de armas y municiones. Fue detenido en mayo de 2013 en Francia y tras pasar cuatro años en prisión quedó en libertad en noviembre de 2017 y fue homenajeado a su llegada a la localidad guipuzcoana de Gaztelu.

En 2008 había sido condenado por coaccionar a Pilar Zubiarrain, abogada del Ayuntamiento de Gaztelu y militante del PNV.

Por su parte, el etarra Iker Olabarrieta Colorado, que el año pasado cumplió las tres cuartas partes de la condena, será acercado desde la cárcel de Sevilla II a la prisión de Logroño

Fue condenado por el atentado contra el diputado del PSOE Eduardo Madina el 19 de febrero de 2002 en Sestao (Vizcaya). El entonces dirigente de las Juventudes Socialistas del País Vasco perdió una pierna al estallar el artefacto explosivo que colocaron en su automóvil.

También será trasladado a Logroño desde Sevilla Asier Arzalluz Goñi, acusado de participar en numerosos atentados, como el que acabó con la vida del periodista José Luis López de Lacalle o la de dos guardias civiles en Sallent de Gallego (Huesca).

Este etarra, conocido con los alias de Santi, Epeta y Sendoa, cumple una condena acumulada de 30 años de cárcel.

Por último, Juan Luis Agirre Lete pasará de la cárcel zaragozana de Zuera a la de Soria. Fue condenado por la Audiencia Nacional en julio de 2005 por ordenar el secuestro de Ortega Lara.

Además, Instituciones Penitenciarias ha dispuesto trasladar desde el Centro Penitenciario Madrid I al Centro Penitenciario de Álava a la interna Valentina Liliana Morisoli, en prisión desde el 18 de noviembre de 2020 como presa preventiva.

Muy crítico con la política penitenciaria del Gobierno, el presidente de la Fundación Villacisneros, Íñigo Gómez-Pineda, destaca en un comunicado que la "obligación" del Ejecutivo es "contribuir a que se haga justicia" cuando todavía hay "más de 350 asesinatos de ETA sin resolver y por tanto impunes.

"Además de acercar al País Vasco terroristas que no colaboran con la justicia, ahora ceden al nacionalismo la competencia de prisiones, mientras más de 350 sumarios permanecen sin resolverse en los juzgados", indica en un comunicado.

Una semana más, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha censurado estos traslados y ha aprovechado, a través de un comunicado, para mostrar su preocupación por la "deriva" que pueda tomar el traspaso de la gestión de las prisiones al País Vasco.

"Declaraciones como las de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Justicia del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, en las que destaca que dará un trato 'igualitario' a los presos de ETA, no hacen otra cosa que elevar nuestro nivel de vigilancia para que la legislación penitenciaria no se convierta en la puerta de atrás del derecho penal y abra la puerta a la impunidad", subraya.

Según la AVT, se trata de un plan "centrado en potenciar el régimen de semilibertad, concediendo terceros grados a los presos de las cárceles vascas", por lo que considera necesario reformar el Estatuto de la Víctima para que la asociación pueda recurrir este tipo de decisiones. EFE