Anticorrupción pide 7 años de cárcel y 50 millones para la excúpula de UGT-A por el fraude de las facturas

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 7 años de cárcel y multas de 50 millones de euros para cuatro antiguos responsables de UGT-A, entre ellos su ex secretario general Francisco Fernández Sevilla, por defraudar 40,7 millones de euros de subvenciones de la Junta de Andalucía.

El Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla procesó el pasado 3 de diciembre a quince personas por un presunto fraude en catorce expedientes de ayudas concedidas entre 2009 y 2011 para la realización de más de 2.000 cursos o actividades de formación y archivó la causa contra el ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana por razones médicas.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal pide 7 años de cárcel y 50 millones de multa para Fernández Sevilla, el ex secretario general de Administración Federico Fresneda, la exsecretaria de Gestión Económica María Charpín y Enrique Goicoechea, consejero delegado de Soralpe, de la que UGT es socio único, por un delito continuado de fraude en subvenciones en concurso con otro de falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía reclama que estos acusados indemnicen solidariamente a la Junta con 40.750.047,74 euros e incluye a UGT-A como responsable civil subsidiario por esta cantidad y responsable solidario en las multas.

También pide 5 años de prisión para la responsable de la Central de Compras, mientras que para los cinco interesa la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis años.

Anticorrupción, además, solicita 3 años de prisión y multas de 3.600 euros para diez proveedores a los que considera cooperadores necesarios de UGT-A para la comisión de los delitos.

El modo de "financiación irregular" fue de "tal magnitud" que "casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados" con esas subvenciones, otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo para impartir cursos de formación a trabajadores, según la Fiscalía.

El escrito concluye que "el sindicato, con la finalidad de lograr el desvío de fondos que deberían haber sido destinados a los cursos, puso en marcha un plan para financiarse con los mismos, sin perjuicio de que los cursos se impartieran" aunque eso redundase en su eficacia y calidad, "distrayendo directamente cantidades o evitando devolver descuentos ante la Administración".

Los "mecanismos implementados para lograr la desviación de capitales" eran el rappel y el bote.

Respecto al rappel, "Fresneda seleccionaba los proveedores sin más criterio que su libre voluntad" y "negociaba" descuentos que "no se materializaban (...) conforme se adquirían los bienes y se prestaban los servicios", sino "al final de cada ejercicio fiscal".

En la rendición de cuentas ante la Junta "se presentaba la primera factura sin incluir ese descuento", con lo que el sindicato "lo ocultaba y se lucraba con el exceso".

En cuanto al bote, el sindicato "encargaba la elaboración de facturas simuladas que pasaban a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con los proveedores, siempre previo pago de esas facturas".

La factura se presentaba ante la Administración "como parte de la cuenta justificativa", por lo que "el sindicato financiaba actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote" y su "actividad ordinaria se sufragaba" con fondos procedentes de las subvenciones para formación, añade el fiscal.

Estos métodos tuvieron "plasmación contable" en un programa de gestión llamado Spyro, del que Charpín "incluso difundió un manual de usuario" entre los trabajadores de UGT-A y "tal fue su osadía que llegó a poner ejemplos con un proveedor real de los que facturaban falsamente", agrega la Fiscalía.

Según Anticorrupción, UGT-A también desvió fondos organizando "un sistema de alquileres simulados" en las aulas propiedad suya donde se celebraban los cursos.

Los acusados "idearon un instrumento" para generar "de modo artificial un gasto en concepto de alquiler" para así "imputarlo como gasto elegible a las subvenciones".

Soralpe también facturó al Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) de la UGT por locales que administraciones y otras entidades cedían gratuitamente al sindicato, con lo que "se exportó el instrumento defraudatorio".