¿Te atreverías a denunciar un caso de corrupción?

Los casos de corrupción se multiplican. Desde hace años es casi habitual desayunar con uno nuevo y no parece que haya manera de que esto acabe, o al menos, que se frene. Pero más bien parece lo contrario. Investigaciones policiales, de la Fiscalía, denuncias de descontentos dentro de la trama, o engañados... o personas que se niegan a formar parte de la corrupción y no quieren firmar autorizaciones de la empresa en la que trabajan que lleven a encubrir el delito. El año pasado los jueces llevaron a juicio o procesaron a 185 personas físicas y 71 jurídicas y concluyeron la investigación en 32 procedimientos, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Se dictaron 13 sentencias, 8 fueron condenatorias.

Muchas personas anónimas tienen miedo a denunciar porque temen represalias. En este mes de marzo, el día 13 en concreto, se cumplió un año de la entrada en vigor de la ley de protección a quienes informan de corrupción, o a quienes alerten de ella. Y la norma tiene prevista la creación de una “Autoridad Independiente de Protección del Informante” en cumplimiento de una directiva europea, conocida como “ Directiva Whistleblowing”, pero todavía no existe, no ha sido constituida.

"Un grave incumplimiento por parte de España", dice a COPE Safira Cantos, directora General de la Fundación Hay Derecho.

El año pasado los jueces llevaron a juicio o procesaron a 256 personas físicas y jurídicas

Un acto de heroicidad ciudadana

Denunciar un acto de corrupción en este momento es un acto de heroicidad ciudadana, y no debería ser así, manifiesta Safira Cantos. “Quienes pueden dar la voz de alerta son personas que tienen información por sus relaciones profesionales, por su ámbito de trabajo o por indicios que les lleguen, y es necesaria la existencia de un canal para poder hacerlo. Y quienes quieran denunciar algún caso están desprotegidos frente a posibles represalias, porque “los señalados suelen actuar contra quienes les han puesto en evidencia”. Para algunos, la denuncia ha sido un auténtico calvario, se han quedado sin trabajo y luego han tenido que pleitear. Es necesario que funciones esos canales y de forma anónima, señala, Cantos.

La solución la tiene el Gobierno. El Ministerio de Justicia debe presentar la propuesta al Consejo de Ministros y que se cree la “Autoridad Independiente de Protección del Informante”. Es un cumplimiento de una directiva europea y España incumple, manifiesta la directora general de Hay Derecho.