El caso del Yak-42, una sombra para Grande-Marlaska

Era 25 de mayo de 2003. 62 militares españoles de las Fuerzas Armadas que venían de una misión en Kabul sobrevolaban las tierras turcas de camino a casa cuando su avión se estrelló contra el suelo.

Sabían que la calidad del aeroplano era muy mala, hasta tal punto de que el comandante José Antonio Fernández le había pedido a su mujer antes de embarcar que “rezara por él”. Lo que no sabían es que el Gobierno español había subcontratado el avión a una compañía ucraniana (Ukranian Mediterranean) al precio más bajo posible: 38.000 euros.

Los militares acumulaban 23 horas de trabajo sin descanso, y la secretaría de Estado se había negado a pagar sus seguros de vuelo. Además, el avión no había sido inspeccionado, la caja negra no funcionaba y había poca gasolina disponible para el trayecto.

En estas circunstancias era más probable que se llegara al resultado final: una tragedia que 15 años después guarda muchas incógnitas y preguntas sin resolver.

Las negligencias del Yak-42

Una de las principales incógnitas está en las condiciones bajo las cuales se inspeccionaron los cuerpos de los militares fallecidos. Después del accidente, un equipo de las Fuerzas Armadas se trasladó hasta Turquía para identificar los restos. Lo hicieron en una noche en una vieja cámara frigorífica de pescado cedida por las autoridades turcas.

A raíz de esta negligencia, el Gobierno entregó a las familias restos mortales de otras personas, que nada tenían que ver con sus seres queridos. Este es el caso del sargento primero, José Manuel Sencianes, cuyos restos fueron incinerados en el seno de otra familia.

Federico Trillo estaba a cargo del ministerio de Defensa (2000-2004), y aunque fue su pésima gestión la que desencadenó los hechos, nunca llegó a asumir responsabilidades políticas. Fue el Congreso el que, en 2005, lo reprobó con el voto en contra del Partido Popular. Un informe posterior del Consejo del Estado ratificaría su culpa, y le obligaría a retirarse de su cómodo puesto en la embajada británica.

El papel de Grande-Marlaska

Fernando Grande-Marlaska archivó el caso del Yak-42 en 2007, unos meses después de acceder al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, en una decisión polémica que fue duramente criticada por las víctimas. El juez bilbaíno argumentó que el intento de identificar a 30 militares que aún no habían sido localizados era "intrascendente" , y cerró cualquier vía de investigación.

En abril de 2008 la Sala de lo Penal le obligó a reabrir el caso aunque, tras meses de instrucción, volvió a decretar su sobreseimiento. Ayer, tras su toma de posesión como ministro del Interior en el nuevo Ejecutivo socialista, los familiares de los militares lamentaban que el juez, que suponía “su última esperanza” para esclarecer el caso del Yak-42, vaya a estar al mando de Interior.