La clara advertencia de Olona sobre la información a la que puede acceder Iglesias: "¡Ni un minuto más!"

El líder de Vox, Santiago Abascal, cree que "lo más grave" de la financiación de Podemos no es su "ilegalidad", sino que proviene de "narcodictaduras y regímenes totalitarios" y con ella ha logrado "desestabilizar" España.

Abascal ha hecho esta advertencia después de la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid de imputar a Podemos como persona jurídica por su financiación y llamar a testificar en calidad de investigados a tres de sus dirigentes.

En un comentario en su cuenta de Twitter, Abascal asume que la financiación de Podemos es ilegal "como la de PP o PSOE". Pero avisa de que "lo terrible es que ese dinero viene de narco dictaduras y regímenes totalitarios". Y subraya que con él "han logrado desestabilizar nuestra nación con un engendro de Gobierno patrocinado por los enemigos de España".

Vox ya pidió este martes la salida de Podemos del Ejecutivo de coalición hasta que se esclarezca la investigación judicial sobre su financiación y avisó de que "el cerco se estrecha" sobre el vicepresidente segundo y líder del partido morado, Pablo Iglesias.

"Vox no será sumiso ante los corruptos y los amigos de los separatistas y narcodictadores. Nos vemos en el Congreso, en las calles y en los tribunales", advirtió la formación política.

Y MIENTRAS, IGLESIAS CON ACCESO LIBRE AL CNI

Además, la secretaria general del grupo parlamentario en el Congreso, Macarena Olona, ha recordado que Iglesias tiene acceso "a los secretos más sensibles del Estado". "¡Ni un minuto más en el cargo! Que caigan. Que caigan todos", ha reclamado también en Twitter.

Iglesias forma parte de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), gracias a una modificación de su composición introducida por el Gobierno en el real decreto que regulaba las medidas económicas para paliar las consecuencias del coronavirus.

Vox y el PP recurrieron esta decisión ante el Tribunal Constitucional, que el pasado mes de mayo decidió admitir a trámite sus denuncias.