El código ético parlamentario incluirá obligación de acatar la Constitución

El código ético de los diputados y senadores que las Mesas de ambas Cámaras aprobarán previsiblemente el jueves que viene incluirá la obligación de acatar y respetar la Constitución.

Así consta en la propuesta que el Senado envió la semana pasada al Congreso; su Mesa la ha analizado este martes, al igual que otras sugerencias de modificación.

"Los parlamentarios deben actuar con pleno acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico", señala la adenda al artículo 2 del borrador del código ético, que está prácticamente ultimado.

Otra de las novedades, aceptada por las dos Cámaras, será la creación de una única Oficina de Conflicto de Intereses, tanto para diputados como senadores.

Por tanto, el código ético de las Cortes Generales se aprobará con casi toda seguridad el jueves que viene, en la reunión conjunta de ambas Mesas convocada para ese día.

Evitar que los diputados y senadores incurran en conflicto de intereses

La novedad sobre el obligado acatamiento de la Constitución guarda relación con la polémica generada en la sesión de formación de las Cortes de la legislatura en curso, el 3 de diciembre de 2019.

Varios diputados de grupos independentistas emplearon fórmulas de acatamiento que, según el PP, Vox y Cs, contravienen la Constitución, ya que en algunos casos contuvieron alusiones a la existencia de "presos políticos" o a la autodeterminación de Cataluña.

La Mesa del Congreso no encontró colisión con la Carta Magna ni con la doctrina de la Junta Electoral Central. No obstante, el asunto está en el Tribunal Constitucional a raíz del recurso presentado por Vox.

El código ético de las Cortes Generales, que deroga el vigente desde febrero de 2019, aprobado en el Congreso bajo presidencia de Ana Pastor, marcará una serie de normas para evitar que los diputados y senadores incurran en conflicto de intereses.

Deberán informar sobre las actividades económicas pasadas e incluso de los regalos que hubieran recibido en virtud de sus cargos durante los cinco años anteriores a la toma de posesión del acta parlamentaria.