Comienza el juicio de las basuras de Orihuela, que inició la operación Brugal

El juicio a 34 acusados por la presunta trama de corrupción política y empresarial en torno al contrato de recogida y tratamiento de basuras de Orihuela, origen de la operación Brugal, ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, y se prolongará hasta finales de año.

La vista oral ha dado inicio con las cuestiones previas, entre las que estará previsiblemente la solicitud de algunas de las defensas para anular las intervenciones telefónicas de la Policía con autorización judicial.

Esos pinchazos telefónicos dieron pie a la veintena de ramas del caso Brugal y lo que decida la sala de Elche de la Audiencia Provincial en torno a su validez no será, en principio, vinculante para el resto de piezas separadas, entre ellas la relativa a las ilegalidades en el plan zonal de residuos de la Vega Baja y del Plan General de Urbanismo (PGOU) de la ciudad de Alicante.

Los 34 acusados han llegado a la Ciudad de la Justicia de Elche acompañados de sus abogados, y prácticamente han llenado la sala de vistas número 10.

Tras las cuestiones previas planteadas por las defensas, el fiscal contestará a las mismas durante las jornadas del 13 y 14 de marzo, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los próximos días 20 y 21 será el turno de la acusación particular, en concreto el Ayuntamiento de Orihuela, mientras que las declaraciones de los acusados darán comienzo el 7 de mayo, entre ellos el industrial oriolano Ángel Fenoll, que fue quien destapó el caso, y los exalcaldes de Orihuela José Manuel Medina y Mónica Lorente, ambos del PP.

La investigación comenzó en 2006 por el posible amaño en el contrato local de las basuras durante la etapa del alcalde José Manuel Medina aunque las pesquisas posteriores dieron paso a una veintena de piezas separadas en distintos puntos de la provincia de Alicante bajo la denominación genérica de operación Brugal.

De las 34 personas que se enjuician en esta rama inicial del Brugal, 15 han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos, como los exalcaldes Medina y Lorente y siete exediles de la corporación municipal.

Para Medina, la Fiscalía pide 12 años de prisión por prevaricación, fraude y cohecho; para su sucesora, Mónica Lorente, ocho años por fraude; y para el principal implicado, el empresario Ángel Fenoll, un total de 37 años y 8 meses por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral.

El fiscal considera a los procesados autores, cooperadores o cómplices de delitos de prevaricación, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, revelación de secretos y de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, extorsión e intento de coacciones.

Sostiene que Fenoll, que destapó el caso al creer que no se le iba a adjudicar el contrato de basuras de Orihuela, y su entorno conformaron una presunta trama mafiosa que extorsionó a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para "doblegar su voluntad".