El derecho frente al voluntarismo político del Tribunal Constitucional
EL TC se ha sometido al poder político, sin más, dicen varios vocales del CGPJ
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No por esperada la decisión del Tribunal Constitucional es menos grave, dicen a COPE fuentes del Consejo. Es gravísimo, señalan. “Frente a la razonabilidad jurídica del derecho nos encontramos con el voluntarismo político del TC”, manifiestan.
“Se ha sometido al poder político, sin más”. Por mucha decisión mayoritaria del sector de Conde-Pumpido, para varios de los vocales consultados, la reforma que recorta las funciones es inconstitucional. Otros prefieren esperar a conocer el contenido, pero insisten en que la reforma no gustó nunca nada porque las competencias son necesarias para garantizar la independencia judicial.
Unos y otros esperan la sentencia y el voto particular. Y los que sí hablan creen que el voto de los cuatro magistrados conservadores va a ser demoledor para la sentencia. Ese voto habla de la separación de poderes, del trabajo incumplido del Parlamento, y “eso no da derecho a inmiscuirse en el Poder Judicial”. Después de esto, señalan, va a empezar la mutación constitucional. Y lo peor, “es que aquí no pasa nada”.
La relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, entre el Gobierno y el Parlamento, no puede perjudicar al tercer poder del Estado, el Judicial, añaden. Y dicen, además, que el CGPJ perdió una buena oportunidad en su día al no plantear el pleno las atribuciones de competencias para tener un mejor entendimiento entre el Legislativo y el Judicial.
Había motivos más que suficientes para que tres magistrados del sector progresista se hubiesen abstenido, nos dicen varios vocales. Juan Carlos Campo, que fue ministro con Sánchez, Laura Díez, antiguo cargo de Moncloa, y María Luisa Segoviano, que fue presidenta de la Sala Social del Supremo, y una de las magistradas que se quejaba de los retrasos que sufría su Sala por la falta de nombramientos. Y ahora apoya la reforma de los recortes.
No creen desde el Consejo que esta decisión ayude a la renovación, al menos mientras España ostente la presidencia europea. Habrá que esperar al año que viene y ver qué gobierno hay. Y recuerdan que el actual gobierno en funciones está alejado de las reiteradas peticiones europeas para el modelo del CGPJ.