La AN da 10 días a la mujer de Bárcenas y otros cinco condenados por Gürtel para entrar en prisión

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha concedido un plazo de diez 10 días a los seis condenados a penas graves en el caso Gürtel, entre los que se encuentra Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, para su ingreso voluntario en prisión.

Además de a Iglesias, la decisión afecta al exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, el contable José Luis Izquierdo, María del Carmen Rodríguez Quijano -exmujer del líder de la trama, Francisco Correa-- , y el exviceconsejero Carlos Clemente. El Tribunal adopta esta decisión en una providencia notificada este jueves, una vez recibidos los informes del Ministerio Fiscal en los que no se opone a la concesión de plazo para el ingreso voluntario de los condenados a penas graves, en ejecución de la sentencia firme del Tribunal Supremo que confirmó la condena inicial de la Audiencia Nacional. El pasado día 20, la Fiscalía Anticorrupción solicito que Iglesias entrara ya en prisión para cumplir la condena de 12 años y 11 meses de cárcel que le impuso el Supremo tras ratificar la sentencia de la Audiencia Nacional por los primeros años de actividades de la trama Gürtel (1999-2005). El Ministerio Fiscal pidió la misma medida para otros 10 condenados cuyas penas oscilan entre tres y 17 años de cárcel.

ROSALÍA, REHABILITACIÓN EN PRISIÓN

En su decisión de este jueves, los magistrados que juzgaron el caso rechazan las peticiones de suspensión de entrada en la cárcel que habían hecho las defensas de los condenados José Luis Izquierdo, Carmen Rodríguez Quijano y Rosalía Iglesias. En el caso de esta última, el Tribunal explica que no existe impedimento alguno para seguir tratamiento de rehabilitación en el centro penitenciario.

En su escrito, la Fiscalía alegaba para justificar los ingresos en prisión la existencia de riesgo de fuga en los condenas tras conocer la sentencia firme del alto tribunal, pese a que éste ha rebajado levemente las penas impuestas en la primera sentencia.

Así, pidió a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como tribunal sentenciado el inmediato ingreso en prisión de Iglesias y también de Rodríguez Quijano, que fue jefa de Gabinete del Ayuntamiento de Majadahonda, (17 años y ocho meses de prisión); del exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (14 años y cuatro meses); el contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo (13 años y 10 meses); del exconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente (siete años y nueve meses); y del exconcejal de Estepona Ricardo Galeote (seis años y seis meses).

También pidió el ingreso en prisión del concejal de Majadahonda (Madrid) Juan José Moreno (17 años y dos meses) y de la a que fuera administradora de las empresas del Grupo Correa Isabel Jordán (14 años y 11 meses), aunque respecto a ambos el tribunal no ha adoptado un plazo para su ingreso en prisión.

Tampoco se pronuncia el tribunal sobre el abogado Antonio Villaverde (tres años y 11 meses); el exdiputado Jesús Merino (tres años y siete meses); el que fuera asesor de López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás (tres años).

Quienes ya se encuentran cumpliendo condena desde entonces son el extesorero del PP (condenado a 29 años y 1 mes de prisión); el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (40 años y tres meses) y el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo (27 años y 10 meses). El tribunal de 'Gürtel' sí estimó la petición de Anticorrupción de entrada inmediata en prisión al considerar que existía riesgo de fuga.

Por su parte, Bárcenas ha iniciado los trámites para solicitar el traslado desde la cárcel de Soto del Real, en la que se encuentra desde entonces, a la prisión de Alcalá Meco donde previsiblemente ingresaría en los próximos días su mujer.

En cuanto a los líderes de la Gürtel, Francisco Correa (condenado a 51 años de cárcel) y el que fuera su 'número dos', Pablo Crespo (36 años y 8 meses), ya estaban en prisión en ese momento, pues entraron en febrero de 2017 --cuando aún se estaba celebrando el juicio por los primeros años de la trama corrupta-- tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por las irregularidades en el montaje del 'stand' institucional de la Generalitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.