El TC estudia la constitucionalidad de la Ley de Protección de la Infancia

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) comienza a estudiar este martes el recurso presentado por Vox contra varios artículos de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia.

Vox alega que la norma impugnada podría vulnerar, ente otros preceptos constitucionales, la libertad ideológica y religiosa, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela judicial efectiva.

La Ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia obliga a denunciar a cualquier persona y cuenta la prescripción de los delitos graves cuando la víctima tenga 35 años -y no 18 como ahora-. Además, cuando el caso llegue a los tribunales, los niños menores de 14 años solo tendrán que declarar una vez durante la investigación.

La norma amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información, un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos e impulsa la formación para jueces y fiscales.

Se trata del asunto más importante que lleva el pleno del tribunal, más ligero que en ocasiones anteriores. El ponente es el magistrado conservador Enrique Arnaldo.

Además, el pleno previsiblemente admitirá a tramite el recurso del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por "invasión de competencias", tras la aprobación de la creación de un servicio estatal de captación y formación de familias acogedoras de menores tutelados.

Este recurso llega después de que el Gobierno haya rechazado la petición hecha en diciembre por la Comunidad de Madrid de anular el contrato, aprobado por el entonces Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que ahora ha pasado al actual Ministerio de Juventud e Infancia, al negar que el servicio invade competencias.

El proyecto, financiado con fondos europeos, arranca este año en cuatro comunidades, entre ellas Madrid, para crear una plataforma de captación, sensibilización, fidelización y formación de familias acogedoras de menores.

Según el Ejecutivo autonómico, el Gobierno "invade las competencias" en materia de protección y tutela de menores, que corresponden a la Comunidad de Madrid, como está previsto en el Estatuto de Autonomía.EFE

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