El PP exigirá ante el Senado el cese de Álvaro García Ortiz al Gobierno por su "intolerable conducta"

El PP tiene en la diana a Álvaro García Ortiz y, desde el Senado, va a elevar la presión exigiendo al Gobierno la “destitución inmediata” de quien ha incumplido de manera “grave” y “reiterada” las funciones de fiscal general del Estado, además de juzgar “intolerable” su conducta en el desempeño del cargo.

El daño a la imagen de la institución por García Ortiz es plasmado en una moción con el rechazo del CGPJ a su candidatura, la “desviación de poder” apreciada por el Supremo en la promoción de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera o, entre sus actuaciones “más sectarias”, la filtración de datos confidenciales en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Los populares elevan la voz sobre la falta de credibilidad de Álvaro García Ortiz por frenar la investigación del escándalo de las mascarillas hasta después de las generales. El llueve sobre mojado llevará al Senado a instar el próximo miércoles al Ejecutivo a designar un nuevo fiscal general que cumpla con los requisitos legales para su elección, y garantice la competencia y la independencia requeridas al frente del Ministerio Público.

En concreto, insta al Gobierno a destituir a García Ortiz en aplicación del artículo 31.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que recoge como causa de cese del fiscal general el "incumplimiento grave o reiterado de sus funciones". La moción que recoge la iniciativa, no es vinculante, pero sí permite que los partidos den su posición sobre una cuestión.

La moción

Se debatirá y votará en el Pleno de la próxima semana, que se celebrará martes y miércoles. Además, insta al Gobierno a que designe un nuevo fiscal que "cumpla con los requisitos legales para su elección, y que garantice la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia requerida para el ejercicio del cargo".

El PP recuerda que la renovación de su nombramiento "no obtuvo el apoyo del Consejo General del Poder Judicial, que emitió un informe desfavorable", una circunstancia que es la "primera vez" que ocurre desde el regreso de la democracia a España. Su nombramiento estuvo rodeado de polémica desde el primer día, el 1 de agosto de 2022.

Los populares esgrimen que, por primera vez en la historia, no obtuvo el apoyo del Consejo General del Poder Judicial al entender que no cumplía "con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica" por su aparente "vinculación con el Poder Ejecutivo".

Esto se debió a que en el órgano argumentaban la inédita decisión en factores como el silencio que había mantenido García Ortiz respecto a las referencias de supuesto 'lawfare' recogido en el acuerdo de investidura entre PSOE y Junts. Cabe recordar que la iniciativa se votará previsiblemente a las puertas también de la aprobación del veto a la ley de amnistía.

Los populares denuncian también las reiteradas negativas de García Ortiz a emitir un informe sobre la proposición de ley de amnistía. El Senado ha requerido hasta en dos ocasiones dicha información al fiscal general del Estado, pero se ha encontrado con la puerta cerrada.

El caso Ayuso

El PP también destaca el caso de la "instrucción" de García Ortiz a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid "para que enviara a los medios de comunicación una nota de prensa con la cronología de las conversaciones privadas mantenidas entre el letrado de Alberto González Amador y el fiscal del caso".

Este caso de intromisión en el escándalo del presunto fraude fiscal cometido por la pareja de Isabel Díaz Ayuso es para los populares "un caso gravísimo de violación del secreto profesional", aunque la Junta de Fiscales ya concluyó el pasado 24 de abril que no investigaría la querella presentada por el novio de la presidenta madrileña por presunta revelación de secretos.

También se hacen eco de una supuesta instrucción de García Ortiz para intentar detener "de forma deliberada" la tramitación del caso Koldo, que afecta al PSOE, antes de las elecciones generales del pasado 23 de julio. La iniciativa se encuadra dentro de la contraofensiva que ha desplegado Alberto Núñez Feijóo para combatir la posible reforma judicial que planea el Ejecutivo.