La falta de un plan del Gobierno para atajar los contagios pone a las comunidades en su límite competencial

Esta lunes una juez de Lérida rechazó el confinamiento acordado horas antes por la Generalitat, por el cual los vecinos de esta ciudad y otros seis municipios debían “permanecer en su domicilio” excepto para trabajar, cuidar a niños o a personas mayores, ir al médico o comprar comida. La juez consideró que las medidas eran desproporcionadas y que la facultad para adoptarlas es “una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso”.

Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 2 de Lérida ratificó la orden sobre medidas extraordinarias que el Gobierno autonómico había aprobado a última hora del lunes en respuesta a la resolución de la juez que no había validado la anterior. Sin establecer un confinamiento obligatorio, la nueva orden supuso un retorno al principio de la desescalada. "No es un confinamiento estrictamente domiciliario", pero "solo se podrá salir para lo que sea estrictamente necesario", explicó la portavoz del Govern, Meritxell Budó.

Así pues,se permite salir del domicilio y andar por la vía de uso público para ir al trabajo, al médico, para asistir a personas mayores, para hacer deporte con el grupo de convivencia, etc. Para ello, Cataluña tuvo que aprobar un decreto ley que permite a la autoridad sanitaria regional imponer restricciones a la actividad o a la movilidad de personas en situaciones que amenazan la salud.

LA NECESIDAD DE UN PLAN PARA CONFINAR A LA POBLACIÓN

Esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad de un plan para confinar a la población ante rebrotes de coronavirus. Y es que, las comunidades no pueden limitar la libertad de movimientos de los ciudadanos entre sus distintos ámbitos territoriales porque ello afecta a un derecho fundamental que solo se puede conculcar de forma temporal por el Gobierno a través del estado de alarma, como sucedió al inicio de la pendemia.

Sin embargo, y pese a que al Gobierno se le ha demandado una alternativa al estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus, un mes después de su finalización, el pasado 21 de junio, todavía no ha planteado una estrategia clara de respuesta más allá de un borrador, "discutible" con los líderes autonómicos, en el que se prevé el acopio de material sanitario o medicinas y estrategias para limitar los contactos en zonas infectadas, según ha manifestado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Como último recurso se contempla de nuevo el decreto del estado de alarma.

Esta situación es la que está abocando a las comunidades a adoptar decisiones que, como puso de manifiesto en un primer momento la juez de Lérida, están en el límite de sus competencias.