Lesmes anuncia medidas extraordinarias si no se renueva el CGPJ "en las próximas semanas"

El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha urgido al presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que renueven el CGPJ "en las próximas semanas" o le devuelvan todas sus competencias, para evitar así la adopción de "otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan".

Lesmes ha descartado de plano la posibilidad de una renuncia colectiva de los vocales, pues "tal comportamiento sería irresponsable" pero, en cambio, ha dicho que "la renuncia individual puede resultar admisible".

En su discurso durante el acto de apertura del Año Judicial, que ha presidido el rey Felipe VI, Lesmes no ha detallado cuáles serían ese tipo de medidas extraordinarias en un escenario en el que las negociaciones entre PSOE y PP son del todo inexistentes.

El presidente del CGPJ ha reiterado que la renovación del Consejo "debe acometerse con urgencia" y de acuerdo con la actual ley, "sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo, que no admite interpretaciones". Una vez que se consume la renovación "y solo entonces" -ha dicho- será "ineludible" reforma con urgencia el modelo de elección del Consejo.

La Fiscalía propone reformar el Código Penal ante el "escaso control" a la financiación de los partidos

Por otro lado, la Fiscalía ha propuesto reformar el Código Penal ante el "escaso control" al que se ve sometida la financiación de los partidos políticos y ha considerado "razonable" que --al margen de las sanciones ya establecidas-- se contemple "la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo" para quienes reciban donaciones o aportaciones destinadas a una formación que vulneren lo establecido en la ley de financiación de partidos.

Así consta en el apartado de propuestas de reformas legislativas de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2021. Desde el Ministerio Público han considerado conveniente introducir "mayores controles respecto a las aportaciones de los afiliados" en la ley de financiación de partidos y, además, corregir la redacción del artículo 304 bis del Código Penal "a fin de sancionar penalmente la percepción irregular de afiliados".

Según ha subrayado la Fiscalía en su Memoria, las penas con las que dicho artículo castiga al autor de esta modalidad delictiva "resultan inusualmente indulgentes". A su juicio, "sería razonable" que al margen de las sanciones ya establecidas también se contemplara "la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo de los autores del delito".

"ESCASO CONTROL" DE DONACIONES Y APORTACIONES

El Ministerio Fiscal ha recordado que el artículo 304 bis del Código Penal castiga con una pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor al que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos.

Al hilo, ha insistido en que dicho artículo no sanciona todas las formas de financiación ilícita de los partidos políticos, sino "únicamente" las donaciones y aportaciones que vulneran lo establecido en la ley; es decir, donaciones anónimas, finalistas o revocables, donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros anuales --a excepción de bienes inmuebles-- o donaciones procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica.

En este sentido, ha reprochado que en la redacción del mencionado artículo se describan "únicamente" las donaciones prohibidas "sin incluir referencia alguna acerca de las aportaciones". A su juicio, ello "permite concluir" que "en realidad" el objeto material del delito de financiación ilegal de partidos políticos únicamente son las donaciones.

Así las cosas, la Fiscalía ha alertado de que si a ello se suma el "escaso control" al que la ley de financiación de partidos somete a las aportaciones de los afiliados se da lugar a "una vía, no precisamente estrecha, para poder sortear las prohibiciones".

Para el Ministerio Público, este "escaso control" a las aportaciones se traduce en un "campo abonado" para que las donaciones que están prohibidas sean "vehiculadas a través de afiliados que obren a modo de persona interpuesta".

Al hilo, además, ha recordado que la ley de financiación de partidos "se limita" a exigir que las aportaciones de los afiliados se abonen en cuentas de entidades de crédito abiertas exclusivamente para dicho fin, que deberán realizarse mediante domiciliación bancaria.

EL FISCAL GENERAL, CON COVID

El Salón de Plenos del Tribunal Supremo ha recibido al Rey Felipe VI, al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, pero no al nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz que ha dado positivo en covid y no ha podido presentar la Memoria en la apertura del año judicial. Ha sido sustituido por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Maria Ángeles Sánchez Conde. García Ortiz tiene síntomas leves y se encuentra bien.

La apertura del año judicial 2022-2023, es la cuarta consecutiva que se celebra con el órgano de gobierno de los jueces en funciones y, en esta ocasión, marcada por las negociaciones para consensuar los nombres de los dos magistrados que el Consejo debe designar al Tribunal Constitucional.

Aunque el monarca y el presidente del CGPJ coinciden en el acto solemne desde 2014, iba a ser la primera vez que García Ortiz acudiera al evento como fiscal general, cargo que prometió en agosto --tras reemplazar a Dolores Delgado-- y del que tomó posesión este mismo lunes en la Fiscalía y el Supremo, amadrinado por la propia Delgado y por la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde.

Como en los últimos cuatro años, Lesmes repetirá ante la imposibilidad de los grupos parlamentarios de llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ, que se encuentra con el mandato caducado desde finales de 2018. Se prevé que, como ha hecho en discursos anteriores, el presidente del Consejo ponga de relieve la situación de interinidad.

El año pasado, Lesmes calificó la situación de "insostenible" para la judicatura e instó a las fuerza políticas a que dejaran este asunto fuera de la "lucha partidista" y llegaran a un acuerdo en "las próximas semanas". En aquella ocasión, insistió en que esta anomalía se debía a "causas que le son completamente ajenas" y recordó que son el Congreso y el Senado quienes deben nombrar a los nuevos vocales cada cinco años, un plazo que no es "meramente orientativo", sino que "están obligados" a respetarlo.