Fiscalía investigará 86 residencias de mayores, la mitad de ellas en Madrid

La Fiscalía tiene abiertas al menos 86 investigaciones de carácter penal a otras tantas residencias distribuidas por todo el país, siendo Madrid la comunidad que presenta la situación más preocupante al acumular casi la mitad de las diligencias.

Estas investigaciones se desarrollan a lo largo del país, y a ellas se suman las 126 diligencias por la vía civil que ha cursado el ministerio público, con el objetivo de vigilar la evolución de estos centros y de sus mayores en el marco de la protección de sus derechos como colectivo en situación de vulnerabilidad.

Son datos actualizados a 20 de abril y ofrecidos este martes por la Fiscalía General del Estado que demuestran que Madrid registra, de lejos, el mayor número de centros investigados, 40, doblando a la siguiente comunidad en la lista, Cataluña, donde 18 de las 20 diligencias se desarrollan en la provincia de Barcelona.

Estas cifran reflejan más del doble de investigaciones de las que informó el pasado viernes el ministerio fiscal, que ha advertido en un comunicado de que los números puede variar en función del transcurso de las diligencias, de las que no ha precisado los presuntos delitos que dieron su origen.

Precisamente, en la Comunidad de Madrid la situación de cuatro residencias de la localidad de Alcorcón, con 116 mayores fallecidos desde el 29 de marzo, ha llevado a un tribunal a ordenar a la administración autonómica que dote a estos centros del personal sanitario necesario y de los medios precisos para desarrollar pruebas de COVID-19.

Según los datos más recientes facilitados por la Consejería madrileña de Políticas Sociales, entre el 8 de marzo y el 17 de abril murieron en los centros 837 personas contagiadas, y otras 4.435 con síntomas compatibles con la enfermedad, 5.272 en total.

Un panorama que ha llevado al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, a admitir ante la Asamblea que las residencias no estaban "suficientemente preparadas" para la pandemia dado que están diseñadas "para cuidar" y no "para curar".

El consejero, de Ciudadanos, ha reconocido que "en el pico" de la crisis sanitaria hubo "muy pocas derivaciones" de pacientes de COVID-19 a hospitales, aunque "en los últimos días se han incrementado", sin querer cuestionar "los criterios clínicos" que ocasionaron esta situación, que no "corresponde" valorar a él "sino a Sanidad".

Tras Madrid, Cataluña es la siguiente comunidad con más investigaciones penales a sus centros (20) y donde la Fiscalía ha abierto más diligencias en el ámbito civil, con 50 de un total de 126 cursadas en todo el país.

De acuerdo con las últimas cifras facilitadas por la Generalitat de Cataluña, de los 8.441 fallecidos a causa del virus en la comunidad, 2.328 han muerto en residencias de mayores, mientras la situación sigue siendo crítica en muchos geriátricos por el aumento de contagios, que suman 7.285 positivos y otros 12.519 son casos sospechosos.

En Castilla y León, donde la Fiscalía tiene siete investigaciones penales abiertas con residencias afectadas en Soria, Salamanca, León y Valladolid, los datos facilitados este martes por la Junta muestran alarmantes cifras sobre la mortalidad en esos centros.

La mitad de los 2.047 fallecidos en esa comunidad desde el 1 de marzo con la prueba de la COVID-19 positiva eran usuarios de residencias o de viviendas tuteladas.

En la otra cara de la moneda, frente a los casos de Madrid o Cataluña, destaca la situación de Andalucía, con ninguna investigación penal cursada por la Fiscalía, aunque sí que se han abierto 10 diligencias de carácter civil.

La comunidad andaluza registra un contagio en estos centros inferior al 2 % en las personas acogidas y al 1 % entre los trabajadores, según el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que ha indicado también que en más del 56 % de las residencias de la comunidad no se ha registrado ningún positivo.

Pese a este ejemplo, las cifras de fallecimientos y contagios en estos centros dan muestra del golpe que está asestando la pandemia a sus usuarios y también a sus trabajadores y ha derivado en una labor de seguimiento de la Fiscalía, que investiga si se ha podido cometer o no un delito en algunos de ellos.

Más allá de las investigaciones, la Fiscalía ha reconocido la labor realizada por "la inmensa mayoría" de las residencias del país, y por sus trabajadores, elogio al que se ha sumado también la Fundación Economía y Salud a través de su presidente, Alberto Giménez Artés, que les ha calificado de "verdaderos héroes".