Funcionarios locales rechazan la transferencia al País Vasco de su regulación

Los Secretarios, Interventores y Tesoreros de las Entidades Locales rechazan el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las competencias sobre su selección y formación, acordado junto a los Presupuestos Generales del Estado.

El Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local ha hecho público "su completo desacuerdo" con esta medida en un comunicado al que ha tenido acceso Efe.

Rechazan "la pérdida de garantías" que supone el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, actualmente en tramitación en el Senado, que prevé que el Gobierno Vasco asuma para su territorio la totalidad de las competencias sobre los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, que corresponden hoy al Estado.

"Estos empleados públicos tienen reservadas por la Ley el ejercicio de una serie de funciones en todas las Entidades Locales de España cuyo cumplimiento en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional justifica la existencia de su régimen jurídico propio y común para garantizar que su ejercicio se realiza con suficiencia técnica, independencia y objetividad", dice la nota.

"Dichas funciones son la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo ?que proporcionan seguridad jurídica a los ciudadanos y asegura la adecuación de la actuación de los poderes locales al ordenamiento jurídico? y el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria", explica la nota.

A ellas se suman "la contabilidad, la tesorería y la recaudación ?que permite el control de la adecuada utilización de los recursos económicos de las Entidades Locales, en términos de legalidad, eficacia y eficiencia?".

Para garantizar el ejercicio de sus funciones en términos de igualdad en todo el territorio nacional, su selección y formación se atribuye al Estado, explican, antes de señalar que el cambio previsto "supone un evidente retroceso en su régimen jurídico, diseñado para garantizar su independencia y profesionalidad".