La Generalitat presiona a Sánchez con 56 exigencias para negociar en la Comisión Bilateral

La Generalitat de Cataluña acudirá a la Comisión Bilateral de este lunes con el Gobierno central en Madrid con una lista de exigencias de 56 traspasos, entre ellos la gestión del Aeropuerto de El Prat de Barcelona, competencias de la Seguridad Social y más funciones para los Mossos.

Por su parte el Gobierno central que durante las últimas semanas señalaba que en el encuentro se hablaría únicamente de asuntos como becas o transportes, ha abierto genéricamente la puerta a tratar otras transferencias y cuestiones del Estatut, aunque declina debatir sobre fondos europeos.

Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez explican que esta gestión de los fondos europeos se debatirá de forma más técnica en una Conferencia Sectorial presidida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con todas las Comunidades Autónomas el mismo lunes por la mañana, después de que se discutiera en la Conferencia de Presidentes de Salamanca bajo un perfil más político.

Precisamente, el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, fue el único ausente en esta cita multilateral con el resto de dirigentes autonómicos en Salamanca y, según señalan fuentes gubernamentales, el Ejecutivo aún no ha podido confirmar la asistencia de la Generalitat a esta Conferencia Sectorial sobre fondos europeos.

En cualquier caso, el Gobierno asume que la Generalitat de Cataluña pueda sacar este tema en la cita de este lunes por la tarde, aunque insisten en que declinarán debatir bilateralmente este asunto y les emplazan a la Conferencia Sectorial de por la mañana.

La reunión está convocada a las 16.00 horas en la sede del Ministerio de Política Territorial. Será precisamente su titular, la ministra Isabel Rodríguez, la que presidirá esta Comisión, que estará acompañada, en representación del Gobierno, por la delegada del Ejecutivo en Cataluña, Teresa Cunillera, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

Por parte de la Generalitat de Cataluña, la delegación que acudirá a esta reunión estará formada por el vicepresidente y consejero de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, la consejera de Presidencia, Laura Vilagrá, y el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró.

Estas 56 reivindicaciones que pedirá el Gobierno catalán en la Comisión Bilateral están divididas en tres carpetas: la de traspasos, la de transferencias y la de "incumplimientos" del Ejecutivo central, que abarcan aspectos como la gestión de infraestructuras, la seguridad social y las becas estudiantiles, según la lista de traspasos pendientes.

En el Gobierno central se han abierto en estas últimas horas a debatir sobre transferencias y al impulso de las comisiones reguladas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, aunque no precisan su planteamiento en esta reunión, sino que insisten en que no se abordarán los fondos europeos.

La convocatoria de la Comisión Bilateral salió de la reunión que mantuvieron en el Palacio de La Moncloa el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y Pere Aragonés. Allí, ambos mandatarios se comprometieron a retomar esta cita bilateral, para abordar asuntos relacionados con transferencias, así como la Mesa de Diálogo, que se reunirá en septiembre.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que además será la representante del Ejecutivo central en esta cita bilateral con la Generalitat, aseguraba hace una semana que en la reunión se hablarían de "cuestiones como becas, transportes, que estaban ya en la agenda y que es lo que interesa a la ciudadanía".

El viernes, en su comparecencia ante los medios de comunicación tras la Conferencia de Presidentes, Rodríguez recalcó la idea de que en la Bilateral se pondrán encima de la mesa extremos como transferencias en la gestión de becas o en determinadas infraestructuras ferroviarias. Con todo, considera que el objetivo de la cumbre bilateral no es otro que "reactivar" trabajos que "quedaron parados hace años".

En este contexto, Cataluña acudirá con la carpeta de transferencias, que hace referencia a aquellos asuntos sobre los que la Generalitat no tiene competencias pero exige tenerlas, y entre ellos destaca la gestión del Aeropuerto de El Prat.

En el capítulo de incumplimientos que la Generalitat considera que el Gobierno les adeuda, los de Aragonès incluyen la disposición adicional tercera del Estatut, la ley de dependencia, las inversiones en Rodalies (trenes de cercanías) y en los Mossos d'Esquadra entre otras.

Además, reclama que la Autoridad Catalana de Protección de Datos asuma las funciones de registro y autoridad de control en datos personales de ficheros privados en Cataluña y poder ejercer funciones de ordenación y gestión del litoral, así como de las dársenas deportivas y pesqueras, de los puertos de interés general y de los aeropuertos.

En materia de educación, la Generalitat reclamará al Gobierno gestionar las becas, créditos y ayudas a estudios universitarios y no universitario, así como las competencias en materia de investigación, desarrollo e innovación.

En lo que afecta al Departamento de Interior, el ejecutivo catalán defenderá que los Mossos d'Esquadra asuman las funciones de protección de la naturaleza en sustitución de la Guardia Civil. También reclamará que el Servicio Catalán de Tránsito (SCT) reciba las funciones ejecutivas que le faltan por asumir en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial.

El Gobierno catalán quiere asumir la seguridad en el Aeropuerto de Alguaire (Lleida) y que los Mossos ejerzan como policía ordinaria en el Puerto de Palamós (Girona), el primer punto donde la policía catalana ha desplegado su unidad marítima. En cuanto a Protección Civil, quiere otorgarle competencias en materia de seguridad nuclear y otras "funciones residuales" que ejerce el Estado.

La Generalitat pedirá las funciones no traspasadas del Instituto Social de la Marina y las funciones relativas a entidades y cooperativas de crédito, gestoras de planes y fondos de pensiones y entidades físicas y jurídicas del mercado asegurador. Reclamará que la Junta de Tributos de Cataluña asuma la competencia para resolver reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en aplicación de tributos cedidos por el Estado.

También en el capítulo económico, exigirá las funciones y servicios relativos a la delegación de competencias del impuesto especial sobre medios de transporte y reclamará ejercer la defensa de la competencia.

La Generalitat también planteará el retorno de los fondos documentales sobre Cataluña que están depositados en el Archivo General de la Guerra Civil, en Salamanca, y abordará el Archivo Histórico Provincial de Barcelona. También prevé tratar la situación del Palau del Lloctinent en la plaza del Rey de Barcelona y los fondos documentales de Cataluña que están en el Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona.