El Gobierno acerca al País Vasco a los asesinos de Jiménez-Becerril, que dejaron huérfanos a tres niños

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha acercado a cárceles más próximas al País Vasco a otros cinco presos de ETA, entre ellos a dos condenados por el asesinato en Sevilla del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y de su mujer Ascensión García. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha condenado estos acercamientos, que ya superan el centenar desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno y Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior, una decisión que enmarcan en la negociación para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, contando con el apoyo de EH Bildu.

Entre los cinco etarras acercados están Mikel Azurmendi Peñagaricano y Maite Pedrosa Barrenechea, que pasan de Valencia a la cárcel de Zaragoza. El primero fue condenado a 30 años como responsable del asesinato del matrimonio Jiménez-Becerril, entre otros asesinatos; y la segunda también por su participación en el crimen del concejal sevillano.

La diputada del PP por Sevilla Teresa Jiménez-Becerril ha vinculado esta decisión a la estrategia del Gobierno para negociar los PGE. A su entender, se trata de "presos por presupuestos". "Es un cambalache que pagamos todos los españoles. No se debe caer tan bajo", ha declarado a Europa Press Jiménez-Becerril, después de conocer que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha acercado a cárceles más próximas al País Vasco a otros cinco presos de ETA, entre ellos a dos condenados por el asesinato en Sevilla de su hermano, el concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y de su mujer Ascensión García.

Además, ha calificado de "gravísimo" que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, celebre públicamente el apoyo de Bildu a los Presupuestos y diga que se integrará en la "dirección del Estado". "¿Duerme usted tranquilo señor Sánchez con un terrorista en la dirección del Estado? La mayoría de los españoles no", ha espetado al jefe del Ejecutivo.

No es la primera vez que la diputada popular por Sevilla muestra su rechazo a la postura del Gobierno respecto a la banda terrorista en ETA. El pasado mes de enero, durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez. El líder socialista quiso tener Un recordatorio al fin de ETA, que atribuyó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al exministro Alfredo Pérez Rubalcaba.

Mientras la bancada del grupo socialista se puso en pie para aplaudir esta referencia, la diputada del PP Teresa Jiménez Becerril se levantó de su escaño y con semblante airado señaló a los diputados de EH Bildu. En Twitter quiso dejar claro cuál era los motivos que estaban detrás de su conducta: "No he tenido más remedio que levantarme de mi escaño para decirle a Sánchez que había tenido la desfachatez de decir que Zapatero había acabado con ETA, que ETA no está acabada y que sus herederos están sentados en el Congreso".

Un asesinato que conmoción en toda España

El asesinato de Alberto Jiménez Becerril y su mujer, Ascensión García, provocaron una auténtica conmoción en toda la sociedad española. La noche del 30 de enero de 1998, el matrimonio se disponía a marcharse a casa después de cenar cuando escucharon un ruido extraño, cuando el concejal del Partido Popular se dio la vuelta dos individuos les abordaron y dispararon al político. Su mujer exclamó auxilio e intentó hacer frente a los terroristas, pero también fue disparada en la frente provocando la muerte instantánea.

Becerril era el quinto concejal del Partido Popular y junto a su esposa ya eran diez las víctimas de la banda terrorista en Andalucía. Desde toda España se produjeron varias muestras de condena que se pudieron ver en todas las grandes ciudades de España. La más numerosa se produjo en Sevilla, donde se entonaron varios cánticos como 'El himno de la alegría' y también proclamas como "esos niños no están solos", en alusión a los tres hijos que se quedaron huérfanos tras este asesinato.

Desde el primer momento, el Ministerio del Interior apuntó a ETA como principal responsable por la munición empleada y por el hecho de que la víctima estuviera vinculada al Partido Popular. Además, el nombre del concejal según informa Europa Press en una de las listas de ETA decomisadas en una investigación años antes. En marzo, las Fuerzas de Seguridad decomisaron al conocido como 'Comando Andalucía' y detuvieron a cinco terroristas: Mikel Azurmendi Peñagaricano ('Hankas'), Maite Pedrosa Barrenetxea, José Luis Martín Barrios; los tres con un amplio historial delictivo a sus espaldas y dos franceses que abastecían al comando con armas y explosivos. Durante la inspección del piso de Sevilla en el que vivían los terroristas, la Policía encontró las dos armas con las que dispararon a Becerril y a su mujer y gran cantidad de armamento como 440 kilos de explosivos o 30 granadas. Pocos días después, la Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión incondicional para los cinco.

En el auto dictado por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, aparece el nombre de José Javier Arizkurren Ruiz, más conocido como ‘Kantauri’, al que señala como la persona que ordenó al ‘comando Andalucía’ el asesinato del concejal del PP y su esposa. Según el auto, ‘Hankas’ fue quien descubrió a Jiménez Becerril en el bar ‘Antigüedades’ de Sevilla y se lo comunicó al resto del comando. Un año después, la Audiencia Nacional condenó a 130 años de prisión a los integrantes del “comando Andalucía”. En concreto, Barrios y Azurmendi fueron condenados a 60 años de prisión y a indemnizar a los tres hijos de la pareja con 100 millones de pesetas (600.000 euros), y Pedrosa fue absuelta por el doble asesinato pero condenada a 10 años por conspiración para cometer un homicidio terrorista.

Acercamiento de los presos de ETA

El Gobierno de Sánchez ha sido uno de los Ejecutivos que mayor número de presos de ETA ha acercado al País Vasco y Navarra. Con especial acento lo ha hecho durante este mes de octubre, cuando buscó el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para aprobar sus próximas cuentas públicas. La cifra acumulada durante este mes duplica la de septiembre, y suma más incluso que todos los autorizados durante 2018 y 2019. En los dos últimos años, desde que Sánchez venciese la moción de censura a Rajoy, se han concedido este permiso a 85 presos, muchos con delitos de sangre. Actualmente hay cerca de 200 presos pendientes de que Instituciones Penitenciarias revise sus casos.