El Gobierno mantendrá la 'tasa Google' pese a las amenazas de represalias de EEUU

El Gobierno español mantendrá el proyecto de creación del nuevo impuesto a determinados servicios digitales, conocido como 'tasa Google' y actualmente en tramitación parlamentaria, pese a la carta dirigida por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, a la titular de Hacienda española, María Jesús Montero, y sus homólogos de Francia, Reino Unido e Italia informándoles de que se suspende el diálogo en la negociación fiscal en el seno de la OCDE y avisándoles de una respuesta con medidas "proporcionalmente pertinentes".

En la misiva, dirigida por Mnuchin a los ministros de Economía o Finanzas de España, Francia, Italia y Reino Unido, les comunica que las negociaciones sobre el impuesto digital con estos países se encuentra en punto muerto y rechaza acordar cambios provisionales a la legislación fiscal global que afecten a las compañías digitales estadounidenses, según adelanta el diario 'Financial Times'.

"Este es un momento en el que los gobiernos del mundo deberían enfocar su atención en lidiar con los problemas económicos que genera el Covid-19", resalta Mnuchin en la carta, en la que suspende el diálogo en las negociaciones abiertas en el seno de la OCDE sobre un impuesto digital global.

En este sentido, reitera que EE.UU. "continúa oponiéndose a los impuestos digitales y otras medidas unilaterales parecidas", por lo que añade que como ya ha dicho "reiteradamente" la Administración Trump, "si los países optan por cobrar o adoptar estos impuestos, EEUU responderá con las medidas proporcionalmente pertinentes".

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ya decidió a primeros de junio abrir una investigación a la Unión Europea y otros nueve países, entre ellos España, con respecto a los impuestos sobre servicios digitales. El resto de países investigados son Austria, Brasil, República Checa, India, Indonesia, Italia, Turquía y Reino Unido.

ESPAÑA DEFIENDE QUE EL IMPUESTO "NO SE FIJA CONTRA NINGÚN PAÍS"

Fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado que pese a la recepción de la misiva el proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales continuará su tramitación parlamentaria en España y subrayan que el impuesto "no se fija en banderas ni contra ningún país".

Además, recuerdan que se trata de una iniciativa que sigue los trabajos iniciados por la Comisión Europea. De esta forma, las mismas fuentes señalan que la ministra de Hacienda responderá a la carta junto a sus homólogos europeos para trasladar su postura.

Por consiguiente, la creación del nuevo gravamen continuará su tramitación parlamentaria en el Congreso, en donde los grupos parlamentarios están registrando sus enmiendas parciales una vez que el Congreso rechazase las enmiendas totales presentadas por PP, Vox y Ciudadanos que pretendían evitar la tramitación del proyecto.

EL GOBIERNO FIJÓ LA LIQUIDACIÓN EN DICIEMBRE PARA DAR MARGEN

Durante su intervención en el Congreso para defender el nuevo tributo, Montero explicó que el objetivo es gravar a compañías "que pueden tener actividad en un país sin tener presencia en él", aportando actualmente "escasa o nula tributación", al tratarse de "grandes empresas multinacionales que apenas contribuyen en los países donde generan beneficios".

Además, resaltó que esta norma tendrá "carácter transitorio hasta que se apruebe una normativa a nivel mundial o al menos europeo" y recordó que ya ha entrado en vigor en otros países como Reino Unido, Francia, Italia, Austria o Hungría.

De hecho, aunque su liquidación se prevé trimestral, está previsto que de manera excepcional no se realizará en el primer año hasta, al menos el 20 de diciembre de 2020, lo que permite dar margen para que se logre un acuerdo internacional en el marco de la OCDE y el G20 y un mayor tiempo de adaptación a las empresas, que tendrán que hacer frente a un único pago este año a final del ejercicio.

RECAUDACIÓN PREVISTA DE 968 MILLONES EN ESPAÑA

La 'Tasa Google' gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

En concreto, en línea con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

La previsión inicial cuando el Consejo de Ministros aprobó este proyecto de ley el pasado 18 de febrero, antes de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, y su consecuente crisis económica, era recaudar 968 millones de euros.

Quedan excluidas del impuesto la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario.

Además, se excluyen de la tasa determinados servicios financieros y las prestaciones digitales que sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100%.