El gobierno pone en manos de la Fiscalía General los delitos de la gestación subrogada

La gestación subrogada no está permitida en España aunque la legislación no sanciona la práctica por lo que las familias recurren a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera. Según el Gobierno.

En la actualidad existen varias agencias españolas que actúan de intermediarias, previo pago, para que ciudadanos nacionales recurran al extranjero para tener un hijo por gestación subrogada. Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, India, Nepal, México, Tailandia, Ucrania, Rusia, Grecia, Georgia y Sudáfrica son algunos de los países a los que los españoles han acudido con este fin.

Para hacerlo, hay que acreditar que no pueden tener un hijo de forma natural. El futuro padre viaja al país donde se va a firmar el contrato con la gestante y deja una muestra de semen con el que se fecundará un óvulo, ya sea de una donante o de la mujer de la pareja.

El embrión se implanta en el útero de la mujer gestante, que previamente ha pasado pruebas médicas y psicológicas, que firma en el contrato que rechaza a la filiación. Si prospera el embarazo, el padre o padres españoles viajarán cuando tenga lugar el parto para recoger al bebé y, tras inscribirlo en un registro consular, regresar con él a España.

DESDE EL GOBIERNO LO PONEN EN MANOS DE LA FISCALÍA GENERAL

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha asegurado hoy que hay indicios de delito en la actividad de determinadas agencias de vientres de alquiler que operan en España y, por ello, ha decidido ponerlos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que lo investigue.

Así lo ha manifestado la ministra en declaraciones a Efe, en las que ha dejado claro que no se está investigando ni a padres ni a menores, solamente a determinadas agencias y "no a todas", si bien no ha precisado el número de ellas sobre las que existen indicios.

Indicios que el Gobierno ha querido poner en conocimiento de la Fiscalía para que investigue la actividad de estas intermediarias que ofrecen esos servicios en España y que podrían estar explotando en terceros países a mujeres, especialmente a las más vulnerables y con mayores necesidades. Además de lucrarse, ha recalcado Delgado, podrían estar cometiendo delitos como el tráfico de menores, de organización criminal, de blanqueo de capitales e, incluso, de falsedad documental.

"Es un tema muy, muy grave", ha enfatizado la titular de Justicia, quien ha insistido en que en España la gestación subrogada está prohibida desde 2006 y ha lamentado que haya agencias que estén "negociando con el vientre de las mujeres" y estén "traficando con menores". Ha recalcado que ya se están investigando a algunas, también en otros países, y ha precisado que en el caso de España las intermediarias operan fundamentalmente en Ucrania, donde se realizan numerosos contratos de gestación subrogada.

Delgado ha recordado que hay países que no tienen prohibida esta práctica, aunque en algunos se realiza con más control y debe contar con las preceptivas autorizaciones, mientras que en otros no existe garantía alguna. "Antes al contrario, se explota a las mujeres".

Ciudadanos es el único partido que defiende la legalización de la gestación subrogada y el pasado julio registró una nueva proposición de ley en el Congreso para regular "el derecho" a la gestación subrogada en España en la que se contempla que la mujer gestante pueda tener relación de consanguineidad con los futuros padres. La formación naranja propone un modelo "altruista y garantista" en el que la mujer gestante tome la decisión de prestar su cuerpo para el embarazo "con total y absoluta libertad".

A su juicio, la regulación de esta práctica evitaría los problemas que surgen cuando los ciudadanos españoles viajan a terceros países para acceder a esta práctica, previo pago de las gestiones exigidas por agencias intermediarias. El pasado mes de enero, el Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE comenzó a trabajar en un documento en el que proponía penalizar a las agencias intermediarias y a los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción.