La huida del Gobierno en el Congreso: “La Constitución obliga a que las Cortes puedan controlar al Ejecutivo”

En cualquier democracia, el Parlamento no es una institución más en la vida política. Es en él donde reside la voluntad del pueblo como símbolo de la soberanía nacional. El Congreso de los Diputados es una institución cardinal del Estado de Derecho, cuya principal función es la legislativa, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Constitución.

El Congreso de los Diputados –además– fiscaliza y controla la actuación del Gobierno. Un control que se ejecuta por medio de preguntas e interpelaciones que pueden recaer sobre cualquier miembro del Ejecutivo con el fin de esclarecer aquellas cuestiones relacionadas con la conducta del Gobierno en acciones de política general o, en su caso, de algún departamento ministerial.

Si analizamos lo ocurrido durante la jornada de ayer en el Congreso, podríamos llegar a la conclusión de que el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez parece estar empeñado en devaluar las claras funciones del Parlamento. O, como mínimo, de silenciar su desgaste y el de su Ejecutivo. Es más, si nos atenemos a la sentencia que prepara el Tribunal Constitucional contra el cierre del Congreso durante el primer estado de alarma, que sostiene que los acuerdos alcanzados por la Mesa del Congreso vulneraron el derecho al control parlamentario del Gobierno entre marzo y abril de 2020, podríamos pensar que esta conducta no es casual.

El recurso de amparo presentado por Vox hace 18 meses contra la suspensión de la actividad parlamentaria nos hace saber ahora que, como afirmaba la exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo: “La democracia no se pone nunca en cuarentena y el Parlamento no se cierra ni en una guerra”.

Una sesión de control descafeinada: sólo seis ministros comparecen ante las preguntas de la oposición

Sólo seis ministros se prestaron durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles a las preguntas de la oposición: los ministros de Presidencia, Félix Bolaños; de Política Territorial, Isabel Rodríguez; de Sanidad, Carolina Darias; de Educación, Pilar Alegría; de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; y la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que tampoco tardó en abandonar su escaño.

En total 16 ministros plantaron al Parlamento aprovechando la ausencia de Pedro Sánchez, que se encontraba de viaje oficial en Nueva York para asistir a la Asamblea de Naciones Unidas.

El catedrático en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela, Carlos Ruiz Miguel, ha incidido –en declaraciones a COPE– en la idea de que “hay que distinguir dos supuestos” en relación con estas ausencias: “que esa falta esté justificada por el cumplimiento de una función constitucional, como ha sido el caso del presidente Sánchez; o que no esté justificada, por lo que debemos de preguntarnos dónde estaban los demás ministros”.

Para Ruiz Miguel, “es un hecho que muchos ministros”, al no comparecer, “han provocado que no se pudiera cumplir con lo que dispone el artículo 111 de la Constitución”, y añade además que “la única respuesta jurídica, con efectos ciertamente limitados, pasa por la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”.

El catedrático en Derecho Constitucional, ha declarado también que “aunque el Derecho haga todo lo que esté a su alcance, si no está acompañado por una sociedad que sea consciente de la responsabilidad política que tiene para hacer cumplir la Constitución, lo que se produce al final es un deterioro constitucional”.

Asimismo, el experto ha señalado que aunque “el TC llegue a fallar que el Gobierno violó la Constitución”, si detrás de estas sentencias no existe “ninguna consecuencia”, la labor del Derecho no tiene más recorrido que el que nos presentan esas sentencias. “Estamos ante el problema de que las violaciones de la Constitución en este momento no tienen consecuencias. Si no hay una sociedad política sana, seguirán quedando impunes”.