De una inhabilitación durante seis años hasta la expulsión: las consecuencias de este cisma para Ayuso

No hay marcha atrás en este cisma fratricida. La guerra entre la dirección nacional del Partido Popular y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha acelerado a un ritmo auténticamente vertiginoso y con toda su virulencia durante las últimas horas.

Teodoro García Egea, secretario general del PP, ha comparecido en la sede de los ‘populares’ tras las declaraciones que este medio día la propia Díaz Ayuso vertía contra la dirección nacional de su partido por el supuesto espionaje perpetrado por colaboradores de Pablo Casado en el Ayuntamiento de Madrid contra ella y su familia.

Durante la rueda de prensa en Génova, García Egea ha anunciado la apertura de un expediente informativo, así como “futuras acciones legales que puedan proceder en derecho” contra la presidenta madrileña por sus declaraciones contra el líder del PP y su deslealtad hacia el partido. Un expediente que, en caso de seguir adelante y según los estatutos de la formación, podría derivar en su expulsión por el ataque “casi delictivo contra Pablo Casado y los miembros de la dirección nacional del PP”, tal y como lo ha descrito el número dos de los ‘populares’.

Tal y como ha podido comprobar COPE, el capítulo tercero del Régimen Disciplinario del PP, en su Sección Primera de las Infracciones Disciplinarias y las Sanciones, describe en el artículo 13 que se consideran infracciones muy graves, entre otras, “la manifiesta deslealtad al Partido, a sus órganos de gobierno y representación, entendida ésta como toda acción u omisión voluntaria que pueda perjudicar el interés general del Partido”, así como “toda manifestación o declaración hecha con publicidad que incite al incumplimiento o descalificación de las decisiones válidas y democráticamente adoptadas por los órganos de gobierno y representación del Partido, o de los Grupos Institucionales del mismo”.

Estas infracciones, que en caso de seguir adelante el expediente se le podrían atribuir presumiblemente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, contemplan una suspensión de militancia de entre cuatro y seis años, la inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo, e incluso con la expulsión definitiva de la formación.