El juez Castellón imputa a tres exjefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado citar como investigados a tres exjefes de ETA que formaron parte del Comité Ejecutivo de la banda terrorista por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, hace 25 años.

En un auto, notificado este viernes, el magistrado dirige el procedimiento, iniciado a raíz de una querella de la Asociación Dignidad y Justicia, contra Miguel Albisu Iriarte, Mikel Antza, María Soledad Iparraguire, Anboto, y José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, por delitos de secuestro terrorista y asesinato terrorista.

Con respecto a este último, el juez ha optado por emitir una nueva Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) a Francia para que le permita ampliar los motivos por los que en su día fue devuelto a España y poder así interrogarle por estos hechos.

El juez también considera responsable de este atentado a otro exjefe de ETA, Ignacio de Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, -al que ahora también se investiga junto a Kantauri y Mikel Antza por el asesinato del concejal del PP Gregorio Ordóñez-, si bien en su caso los delitos se consideran prescritos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dado este paso en la investigación tras recibir la semana pasada el informe que encargó a la Guardia Civil para determinar los miembros que integraban el Comité Ejecutivo de ETA (ZUBA) y su posible participación en el secuestro y asesinato del concejal de Ermua.

NUEVA ESTRATEGIA DE ETA TRAS LA CAÍDA DE LA CÚPULA DE BIDART

Según dicho informe, los investigados, pese a no ser los ejecutores materiales -que ya fueron condenados, entre ellos Francisco Javier García Gaztelu, Txapote-, tuvieron “una participación en comisión por omisión, atendida la posición de dominio que ostentaba" dicho órgano "con capacidad real, durante las más de 48 horas en las que se prolongó el secuestro, para poder detenerlo".

Ante "la negativa a hacerlo", se desprende "una intención manifiesta en la producción del resultado”, sostiene la Guardia Civil.

El juez, que ya fue el instructor de la causa hace 25 años, relata cómo tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart, en 1992, la organización terrorista diseñó una nueva estrategia orientada a que todas las formas de lucha provocasen una confrontación constante con el Gobierno de España a todos los niveles, de forma que lo desestabilizase con mayor intensidad que la soportada hasta ese momento.

Entre 1993 y 1994, la nueva cúpula etarra planificó y puso en marcha la denominada “estrategia de desestabilización”, que incluía el señalamiento de cargos políticos del PP y del PSOE como objetivos, así como la comisión de otros atentados o acciones terroristas de gran poder desestabilizador como el secuestro, durante 532 días, del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara o el intento de atentado contra un miembro de la Familia Real.

EL SECUESTRO DE UN CONCEJAL DEL PP PARA PRESIONAR AL GOBIERNO

En 1997 y en el marco de esa estrategia, la dirección de ETA , decidió la comisión de acciones terroristas contra miembros del Partido Popular, que ejercía labores de Gobierno en España, utilizando un nuevo procedimiento: el secuestro de un militante de dicha formación bajo la amenaza del asesinato si el Gobierno no accedía a sus exigencias.

Ese año, asegura el auto, “el secuestro de un concejal del Partido Popular era una prioridad absoluta", acción que había que realizar precisamente en el verano y "lo antes posible".

Así consta en documentos de dirigentes de ETA, en concreto de comunicaciones orgánicas manuscritas por Kantauri, responsable de los comandos “ilegales” de ETA, dirigidas a unos de sus comandos, "el llamado Bizkaia”.

“La víctima de esta acción, Miguel Ángel Blanco, en su calidad de miembro del citado partido político, se había convertido en objetivo preferente de ETA, no ya del comando Donosti, sino de toda la organización terrorista, a través de su Comité ejecutivo, que en el verano de 1997 buscaba con urgencia secuestrar y asesinar a un cargo electo del PP.

El magistrado entiende que, teniendo en cuenta el modo de actuar de ETA, en el que su principal estructura directiva era el órgano donde se decidían, planificaban, dirigían y autorizaban las acciones terroristas, es "improbable" que una acción terrorista como la llevada a cabo contra Miguel Ángel Blanco fuese realizada por un comando sin que mediase una decisión y una planificación previa, así como unas órdenes concretas y específicas.

LOS TRES EXJEFES DE ETA PUDIERON EVITAR EL SECUESTRO Y ASESINATO

En este sentido, los tres exjefes de ETA ahora investigados ostentaban suficiente capacidad de mando y de decisión "tanto como para haber podido tomar la decisión de que no se secuestrase a la víctima, como para evitar el desenlace último del secuestro", pudiendo haber dado al comando Donosti "la orden expresa y concreta de ponerlo en libertad".

Sin embargo, pese a los múltiples llamamientos que se produjeron desde la gran mayoría de la sociedad civil y de la clase política en ese momento, los responsables de ETA, recalca el juez, “no realizaron ningún acto para que finalizara el secuestro (acción cometida por los integrantes del comando Donosti siguiendo sus directrices) ni la muerte de la víctima, evidenciando una voluntad inequívoca en la producción del resultado”.

“La acción terrorista que el comando Donosti ejecutó -añade- no pudo materializarse por su propia iniciativa, sino que lo realizó siguiendo las órdenes y con la autorización expresa de sus superiores, los integrantes del Comité Ejecutivo” de ETA.

ERAN PLENAMENTE CONSCIENTES DE SU POSICIÓN DE MANDO

Los integrantes de la cúpula de ETA eran por tanto "plenamente conocedores de la existencia del secuestro ya no solo por haberlo decidido, planificado y ordenado, sino porque se responsabilizó de su secuestro a través de los medios de comunicación.

Se encargaron de la elaboración del comunicado justificando la acción terrorista, y eran plenamente conscientes de que tenían a su alcance los medios para hacer cesar esa situación y su posible resultado final, "el asesinato de la víctima".