El juez del caso Dina pide al Supremo la imputación de Pablo Iglesias por denuncia falsa y otros dos delitos

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha elevado exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por delitos de denuncia falsa, descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género y daños informáticos en relación a la pieza de Dina sobre el robo del móvil a la exasesora de Podemos Dina Bousselham.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido trasladar la petición al Supremo, ya que no puede juzgar a Iglesias por su condición de aforado.

El juez pide además que se investigue a la vicepresidenta tercera del Congreso Gloria Elizo y a los abogados de Podemos Marta Flor y Raúl Carballedo por los mismos delitos. El auto incluye además indicios de delito contra Dina Bosselham y su marido, Ricardo Sa Ferreira por falso testimonio.

García-Castellón cree que Pablo Iglesias utilizó la situación para intentar sacar ventaja electoral de la causa. El juez explica la "consciente y planificada actuación falsaria desplegada por el Sr. Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales".

Iglesias estuvo meses con la tarjeta en su poder

El magistrado explica también como el vicepresidente recibió la tarjeta del móvil de Bousselham de manos de Antonio Asensio, y que Iglesias comprobó que la tarjeta contenía material íntimo de Bousselham. Iglesias decidió no entregar ese material comprometido a su exasesora, y se lo quedó durante meses, mientras Dina Boussleham litigaba por recuperar dicha tarjeta, que estaba en poder de Iglesias.

El juez considera además que Iglesias orquestó una campaña jurídica contra OK Diario, en complicidad con los abogados Carvalledo y Flor Núñez.

El magistrado relata que bajo las instrucciones dadas por Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica de Podemos, presentaron la desaparición del teléfono de Dina "como un encargo realizado por el Gobierno del PP al ex comisario Villarejo, para publicar en el digital OK Diario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos".

"Pese al conocimiento de su falsedad y puestos de común acuerdo", Iglesias, Elizo y la letrada del partido Marta Flor Núñez, como ejecutora material, "simulan que la publicación de las imágenes en el semanario OK Diario durante los días 21 y siguientes del mes de julio, fue el resultado de un encargo realizado al Sr. Villarejo para perjudicar" al líder de Podemos.

Falso testimonio de Bousselham

García Castellón también destaca como hecho relevante la comparecencia de Bouselham el pasado marzo, en la que el juez considera que faltó a la verdad, al igual que hizo su marido tres días más tarde.

"Ambos hechos se entienden conexos a la actuación desplegada por los servicios jurídicos del partido Podemos para construir ante el órgano judicial un relato coherente con las instrucciones dadas por el aforado, secretario general del partido", concluye el magistrado.

Para contextualizar su decisión, el juez recoge el reciente auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional, en el que, además de avalar la condición de perjudicado de Pablo Iglesias, declaraba la falta de competencia del juzgado para investigar otras hipótesis alternativas de los hechos, en relación con la autoría y naturaleza de los desperfectos de la tarjeta del móvil.

Según argumentaba la Sala, al haberse presuntamente cometido fuera de la organización criminal investigada en esta pieza, los hechos carecerían de conexidad para poder investigarlos la Audiencia Nacional.

Así pues, la Sala de lo Penal instaba al magistrado a remitir al órgano competente los testimonios oportunos para esclarecer los hechos que han ido apareciendo y de los que se infiere, según el magistrado, "la existencia de indicios razonables de la participación delictiva del aforado Pablo Iglesias Turrión".

Una interpretación muy distinta a la que esperaba Podemos, que asegura "no dar crédito" ante la decisión de García Castellón cuando la Sala de lo Penal le había pedido que devolviera la condición de perjudicado al secretario general del partido.

El juez, después de analizar la doctrina jurisprudencial sobre la revelación de secretos, concluye que se podría "apreciar un acceso no consentido a datos de carácter personal por parte del Sr. Iglesias, además de un apoderamiento de los archivos aprehendiendo el dispositivo en el que se almacenaba la información".

El magistrado indica que la interrupción de la investigación tras el auto de la Sala ha impedido recabar una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte del aforado.

Ello, indica, "no impide, sin embargo, que se pueda sostener en esta fase, y desde la provisionalidad del momento procesal inicial", que existen elementos de cargo suficientes para poder atribuir a Iglesias "los daños sufridos por la micro tarjeta SD"

"La única explicación posible, a partir de los indicios recabados, para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños se causaran mientras estaba en poder del Sr. Iglesias, pues la micro tarjeta funcionaba en el momento en el que el sr. Asensio se la entrega, y ya no lo hace cuando el sr. Iglesias se la devuelve", sostiene.