La juez de Madrid que investiga a tres diputados de Podemos pregunta al Congreso por su aforamiento

La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles González, que abrió una investigación contra tres diputados de Unidas Podemos por un delito de atentado a la autoridad, ha dictado una providencia en la que pregunta al Congreso para que le certifique la condición de aforados de los tres imputados.

Según han informado fuentes jurídicas, la magistrada ha desistido de su intención de interrogar como investigados a Rafael Mayoral, Antonio Gómez-Reino y Yolanda Díaz por los incidentes ocurridos el pasado marzo en una manifestación con los trabajadores de Alcoa frente al Congreso sin tener en cuenta que estarían aforados debido a su condición de parlamentarios.

El informe policial sobre los hechos por los que la juez ha decidido abrir causa ya apuntaba expresamente que Mayoral, Gómez-Reino y Díaz eran miembros del grupo parlamentario Unidas-Podemos, por lo que solo pueden responder ante el Tribunal Supremo.

Las fuentes consultadas aseguran que la juez Robles González se ha percatado de esta circunstancia, por lo que ha anulado su decisión y ha dictado una providencia en la que pregunta al Congreso sobre la situación de estos tres parlamentarios y más teniendo en cuenta la disolución este martes de las Cortes ante la repetición de elecciones.

Mantienen el aforamiento  

Se da la circunstancia de que los tres miembros de la formación morada mantienen su aforamiento, ya que forman parte de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

La semana pasada, tras conocer la citación judicial, Unidas Podemos acusó al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, de "persecución política" y de "reactivar las cloacas".

Según dijo Mayoral en rueda de prensa, el procedimiento "es completamente irregular de principio a fin" porque, según recordó, sólo puede ser llamado por el Tribunal Supremo debido a su condiciónd de diputado. Asimismo, defiende que las acusaciones de agresión a los agentes que figuran en el atestado policial son hechos "manifiestamente falsos".