El juez que investiga si Senegal secuestró al abogado franco-español Juan Branco da un nuevo impulso a la instrucción

Lo hace tras admitir la querella una vez le ha tomado declaración en sede judicial

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón, que investiga el secuestro que el abogado franco-español Juan Branco sufrió presuntamente a manos de unidades parapoliciales de Senegal en agosto de 2023, ha dado un nuevo impulso a la instrucción acordando una batería de diligencias encaminadas a arrojar luz sobre el objeto del viaje que realizó y para conocer si tenía entonces el estatus de persona internacionalmente protegida.

Así consta en un auto del magistrado, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que indica que "a fin de avanzar en el esclarecimiento de los hechos" y una vez que ha admitido la querella interpuesta por Branco, se ha de dirigir a la Corte Penal Internacional para que le aporte información acerca de la relación que une al querellante con ese tribunal, y en concreto, si se le ha encomendado alguna misión específica en Senegal.

"La finalidad de esta diligencia es conocer si Branco acudió a Senegal (...) como miembro de la Corte Penal Internacional, y, por tanto, establecer si podría subsumirse la acción denunciada en una de las finalidades previstas en el artículo 573 del Código Penal, y que definen el delito de terrorismo, cual es la de 'desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional'", apunta.

En la querella, el abogado Aitor Martínez --que representa a Branco-- relataba que su cliente fue secuestrado en Mauritania "por parte de un grupo armado sin distintivos oficiales, con posterior traslado subrepticio a Senegal por vía fluvial o terrestre cuando se encontraba ejerciendo labores jurídicas en su condición de 'assistant to counsel' de la Corte Penal Internacional, en relación a una denuncia sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en la jurisdicción senegalesa".

El magistrado, ahora, acuerda también oficiar tanto al Ministerio de Justicia como al Ministerio de Exteriores para que informen si el querellante "tenía la consideración de persona internacionalmente protegida, en el sentido de la Convención de Naciones Unidas, atendidas las manifestaciones realizadas por el propio señor Branco en la declaración prestada" ante él el pasado 15 de abril.

Quiere así comprobar si resultaría de aplicación en este caso la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, hecha en Nueva York el 14 de diciembre de 1973, y ratificada por España en febrero de 1986.

DOS COMISIONES ROGATORIAS

Por otro lado, el juez acuerda emitir una comisión rogatoria internacional a la República Islámica de Mauritania para que informen sobre si existe algún procedimiento de extradición iniciado en el país frente al abogado. Y, asimismo, acuerda emitir otra comisión rogatoria dirigida a la República de Senegal a fin de que informe sobre si existe una Ley de Amnistía aprobada y en vigor que pudiera amparar hechos como los denunciados en este caso, y para que remitan testimonio de la resolución judicial señalada en la querella por la que se resolvía sobre la situación personal del querellante y se le dejaba en libertad.

Según la querella, presentada por el abogado que lleva la representación legal de Branco, Aitor Martínez, Branco fue secuestrado en territorio mauritano y posteriormente fue trasladado contra su voluntad a Senegal, "siendo encapuchado, maniatado y maltratado en todo el tránsito". Dicha acción, prosigue, "se realizó por parte de un grupo de personas encapuchadas y armadas, por vía terrestre y fluvial, siguiendo las instrucciones directas de uno de los querellados, el jefe de la División de Investigaciones Criminales de la Policía de Dakar (Senegal), Adramé Sarr".

Sarr sería, según apunta la querella, un "miembro de los cuerpos policiales que habían sido denunciados por Juan Branco ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional".

La propia querella, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, señala que "durante todo el tiempo que duró el secuestro y el traslado fronterizo, Branco estuvo en paradero desconocido, escondiendo su secuestro e ilegal traslado transfronterizo a las autoridades consulares españolas de Mauritania y Senegal, quienes no tuvieron información sobre el paradero del ciudadano español durante todo el tiempo en que duró esa transferencia bajo secuestro".