Junqueras y Puigdemont preteden abonar los 4 millones de su fianza con pagos ya depositados

El expresidente y el ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, así como el resto de investigados por el Tribunal de Cuentas por desviar presuntamente fondos públicos para la puesta en marcha del referéndum ilegal del 1 de octubre, han remitido un escrito en el que piden utilizar las fianzas ya depositadas en el Tribunal Supremo y en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona para cubrir los 4,1 millones de euros que reclama el órgano fiscalizador por estos hechos. Estos dos tribunales investigaron respectivamente el proceso independentista en Cataluña y la jornada de la votación.

Según informan fuentes jurídicas a Europa Press, los abogados de los presuntos responsables contables han consignado sendos escritos ante Tribunal Supremo y el juzgado de Barcelona para que les permita emplear las cantidades ya abonadas para poder hacer frente a la fianza total de 4.146.274,97 euros que fijó el Tribunal de Cuentas y para la que dio 15 días de plazo, que concluye la semana que viene siempre y cuando no se pida, y se admita, una prórroga.

La delegada instructora del Tribunal de Cuentas dio a conocer el pasado 28 de enero el acta de liquidación provisional, con la que impuso fianzas solidarias a 28 investigados, entre los que se encuentran todos los que fueran consejeros de este Govern y alto cargos de la Generalitat, para asegurar el reintegro de los 4 millones de euros al erario público en caso de que sean condenados.

El juez del Supremo que instruyó el 'proces', Pablo Llarena, ordenó el pago conjunto de 2,1 millones de euros a los nueve consejeros de Puigdemont procesados por malversación como responsabilidad civil. Así, aunque la Sala juzgó por este delito a Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, finalmente condenó por ello a los cuatro primeros.

Todo el Govern firmó un acuerdo de gasto

Sin embargo, el órgano fiscalizador imputó responsabilidad contable a todos los exconsejeros, entre ellos los fugados Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, al igual que al ex 'president', también huido de la Justicia. Según explica el acta de liquidación provisional con la que se concluye la instrucción y se manda el caso a la Sala de Enjuiciamiento, indiciariamente todos los miembros del Govern son responsables del presunto desvío de fondos públicos porque el 6 de septiembre de 2017 firmaron un acuerdo de gasto para el 1-O.

Para afianzar la parte restante, los abogados han realizado la misma petición en el juzgado de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum, donde fijó una fianza de 5,8 millones a los 17 de los 30 procesados por malversación. Se da la circunstancia de que 10 de los investigados en el Tribunal de Cuentas son los que tuvieron que afrontar dicha cantidad.

Se trata de los ex altos cargos de la Generalitat Antoni Molons, Joaquim Nin y Amadeu Altafaj, Natalia Garriga, Ignasi Genovés, Francesc Sutrías, Teresa Prohias, Albert Royo, Josep Ginesta y la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal.

Así, aunque el dinero aportado en el Tribunal Supremo y en el juzgado de instrucción catalán corresponda a los bienes de 14 de los 28 investigados por el Tribunal de Cuentas, las defensas pretenden que con ellas se pueda sufragar los más de cuatro millones de euros, ya que se trata de fianzas solidarias y referidos a los mismos hechos, indican las fuentes consultadas.

Las mismas fuentes apuntan que esta idea de las defensas surgió después de que la delegada instructora del órgano fiscalizador señalara en su acta de liquidación provisional que para evitar "duplicidades de resarcimiento" solicitaría a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona "una copia de la pieza de responsabilidad civil tramitada", después de que varios de los ex altos cargos pusieran en su conocimiento el abono de más de cinco millones de euros en julio del pasado año.

Un total de 13 partidas

El Tribunal de Cuentas concretó que los 4,1 millones de euros se invirtieron en un total de 13 partidas: en gastos del aplicativo 'referendum.cat' y 'crida extra' (171.357,59 euros); gastos de rehabilitación de la nave anexa al CTTI Call Center (1.454.039,94); creación y diseño del registro de residentes en el exterior (11.503,64); difusión en prensa escrita del registro de residentes en el exterior (168.201,35); diseño y activación del registro de residentes en el exterior (2.868,08); campaña Civisme (357.068,26); gastos relativos a Unipost (1.259.882,07); cartelería del referéndum (65.730,97); campaña internacional de imagen de la Generalitat (63.735); invitación a grupos de parlamentarios europeos (88.643,56); equipo de expertos IEERT.Helena Catt (189.200,34); observadores internacionales Paul Sinning (177.464,80); y la web 'cataloniavotes.eu' (136.579,37).

Asimismo, identificó la responsabilidad de cada uno de ellos a los que se les imputa una responsabilidad directa y solidaria en función de cada hecho irregular en el que hubiera participado. Así, cree que Junqueras tiene responsabilidad en partidas que suman 3,6 millones de euros, cantidad que tendrá que depositar de forma solidaria junto con otros miembros del Govern; mientras que considera que Puigdemont participó en gastos que suman 2,1 millones, algunas de ellas coincidentes con las del que fuera su 'número dos' en el Govern, por lo que no se puede realizar una suma de ambas.

Hay otros investigados a los que se les atribuye más partidas que al expresidente de la Generalitat como a los exconsejeros Raül Romeva y Jordi Turull, que se les considera responsables, junto a otras personas, de ocho apartados que suman 2,3 millones de euros o la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, a quien se atribuye 3,7 millones de euros.

Por otro lado, la instructora comunicó que citará de nuevo a las defensas y acusaciones de este caso para comunicarles un acta de liquidación complementaria en la que se incluirán más gastos de acción exterior, en concreto, las ejecutadas por las delegaciones catalanas entre los años 2011 y 2017. Según han informado fuentes de este órgano la fianza que se imponga por este asunto se tramitará de forma independiente a la ya señalada.