Junts quería las competencias en inmigración antes de la distribución de 4.400 migrantes menores desde Canarias y Ceuta

En los últimos meses, las negociaciones en torno a la distribución de los 4.400 migrantes menores no acompañados provenientes de Canarias y Ceuta han centrado gran parte de la atención política en España. Sin embargo, detrás de esta redistribución, hay un movimiento estratégico que ha allanado el camino para la reunión que la vicepresidenta María Jesús Montero mantiene este lunes con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Este nuevo giro político tiene mucho que ver con un factor clave que estaba en juego: el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña, algo que Junts había solicitado insistentemente y que ahora parece estar en vías de materializarse.

Maribel Sánchez explica que la postura de Junts en este ámbito ha sido clara desde el principio. Los independentistas catalanes no solo han exigido que Cataluña no reciba más niños migrantes, sino que también han puesto sobre la mesa la necesidad de que la Generalitat asuma más competencias en materia de inmigración. De hecho, la reforma de la ley de extranjería, que había quedado estancada tras el veto de Junts, PP y Vox el verano pasado, ahora parece que podría desbloquearse gracias a la reciente negociación entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.

Este giro ha influido directamente en el tono de la reunión que hoy, lunes, se celebrará entre la vicepresidenta María Jesús Montero y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. La tensión política que había existido hasta ahora se ha suavizado considerablemente gracias a esta nueva entente entre el Gobierno central y los independentistas catalanes. La delegación de competencias en inmigración a Cataluña, que se ha concretado en una propuesta de Ley Orgánica registrada por PSOE y Junts en el Congreso, marca un hito en la relación entre ambos partidos.

El traspaso de competencias en inmigración, que incluye la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de aquellos extranjeros que tengan prohibición de entrada, es un paso significativo para la Generalitat de Cataluña. Este acuerdo también implica que los Mossos d'Esquadra co-gestionarán con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad en puertos, aeropuertos y otras zonas críticas. Esta colaboración se extiende a la frontera, lo que significa que la policía catalana actuará junto al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer cumplir la ley.

La distribución de los menores

Además, la nueva estructura de inmigración en Cataluña prevé que la Generalitat se convierta en una “ventanilla única” en su territorio para gestionar las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración. También tendrá competencias en la expedición del documento de identidad para los extranjeros a partir del Registro del NIE del Estado español. Con este marco, Cataluña se dotará de una estructura administrativa capaz de asumir un mayor control sobre los flujos migratorios.

Mientras Junts y el PSOE avanzan en el traspaso de competencias, el Partido Popular (PP) se mantiene firme en sus posiciones. A pesar del giro favorable en las negociaciones, los populares insisten en que el Estado debe cubrir los gastos de los menores hasta que cumplan 18 años, y también han señalado que deben establecerse criterios claros y justos para la distribución de los migrantes entre las comunidades autónomas.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que representan una gran parte del mapa político del país, se han mostrado reacias a aceptar las condiciones del acuerdo sin una mayor claridad en cuanto a los criterios de reparto. Además, no descartan recurrir al Tribunal Constitucional si consideran que las decisiones del Gobierno central sobre la distribución de los menores no se ajustan a la normativa.

Uno de los temas que está en el aire es la posible reforma de la Ley de Extranjería, que ahora podría recibir un impulso tras el acuerdo entre PSOE y Junts. Aunque el PP y Vox se mantienen firmes en su oposición, el hecho de que Junts se abra a negociar esta reforma representa un cambio importante. Las tensiones que existieron en el pasado, cuando Junts, PP y Vox votaron en contra de la reforma, parecen haberse relajado gracias a los recientes acuerdos políticos.