Las reformas que serían necesarias para evitar casos como los de Junqueras o Puigdemont

La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha llevado ya a políticos y a expertos a plantearse qué hacer para que en el futuro se eviten situaciones de este tipo, para tapar las lagunas existentes en nuestra legislación y es que, como decía Thomas Jefferson, “solo hay dos cosas inevitables en esta vida, la muerte, y los impuestos”.

El PP y Ciudadanos han planteado ya reformar la ley para que los prófugos sean inelegibles. En 2011, el Partido Socialista y el Partido Popular se pusieron de acuerdo para modificar la legislación e impedir que acudieran a unas elecciones los condenados por delitos de rebelión o de terrorismo, aunque el fallo no fuera firme. No se incluyó, eso sí, a los condenados por sedición, y es que, apuntan fuentes consultadas por COPE, nadie se iba a imaginar por aquel entonces, que un dirigente autonómico iba a declarar la independencia de manera unilateral.

Pablo Casado ha planteado, además, por ejemplo, que se recupere el delito de rebelión impropia, que no conlleva la violencia, y que estuvo vigente hasta 1995, cuando se aprobó el llamado Código Belloch. 

Otras fuentes plantean a COPE la posibilidad de aplicar una inhabilitación cautelar a quienes fueran condenados por prevaricación, cohecho o por delitos contra el estado, aunque la sentencia no sea firme. Esto afectaría, por ejemplo, a Quim Torra, condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un año y medio de inhabilitación por desobediencia. De esta manera se evitaría, apuntan, que el presidente de la Generalitat pueda seguir delinquiendo hasta que se resuelva su recurso ante el Tribunal Supremo.

Y en lo que todos coinciden es en subrayar la necesidad de reformar la euroorden para posibilitar la entrega automática de los delincuentes entre socios que son, además, democracias consolidadas. El Parlamento Europeo admite que este mecanismo jurídico tiene algunas lagunas y ha encargado al eurodiputado popular, Javier Zarzalejos un informe para modificarlo. Este documento acabará en manos de la Comisión, que será el órgano encargado de aprobar las modificaciones. Y es que, apuntan, si esto no se hace, dejará de tener sentido mantener el espacio Schengen, el que permite, entre otras cosas, la libre circulación de personas por territorio de la Unión.