Si el Gobierno quería aprovechar la reforma del Código Penal para, de paso, contentar a las familias de las víctimas asesinadas cuyos cuerpos siguen sin aparecer por falta de colaboración de sus asesinos, la verdad es que le ha salido el tiro por la culata. De "chapuza" o "indignidad" califican dos de estas familias la propuesta de modificación legal que condena a un máximo de dos años de cárcel ocultar un cadáver.

Tal y como explica la proposición de ley registrada este viernes en el Congreso, "resulta necesario que el hecho de ocultar el cadáver se castigue penalmente, con independencia de la pena que corresponda, en su caso, por el delito previo que haya ocasionado la muerte, pues se trata de un injusto añadido que merece una respuesta penal diferenciada".

No es lo que pedían las familias que lo sufren, que recogieron firmas para que fueran castigados con la prisión permanente revisable. Les apoyó el PP; Ciudadanos y el grupo mixto. Pero castigar la ocultación con la máxima pena no les parecía adecuado al resto de partidos. En la exposición de motivos, PSOE y Unidas Podemos justifican esta modificación en el sufrimiento que esas conductas ocasionan a los familiares y allegados de la víctima.

Las víctimas, ofendidas

Mariano Navarro es portavoz de la familia de Marta Calvo en Valencia: "No tiene nada que ver. Me parece indigno que utilicen el nombre de las familias de Marta Calvo y Marta del Castillo para suavizar lo que en realidad viene encubierto en esta modificación del artículo 173 del Código Penal, rebajar las penas por sedición".

"Es de risa, ofende a la dignidad de las víctimas y privilegia a los violadores", afirma el padre de Diana Quer. El portavoz de la familia de Marta Calvo añade que "si pretenden ahora con una pena de tres meses a dos años se arregle todo... No, por el amor de Dios". "Esto no es lo que nosotros hemos pedido, ni por lo que hemos luchado y seguiremos luchando", apunta. Asegura que la reforma legal para la ampliación de la prisión permanente revisable a estos casos sigue sin avanzar desde marzo en su tramitación en el Congreso.