Letrados judiciales reivindican en la calle un acuerdo con Justicia tras mes y medio de paro

Séptima semana de huelga de los 4.300 letrados de justicia que hay en España. Sin acercamiento con el Ministerio para poner fin a los paros, este mediodía salen a las calles de Madrid. Mientras, el número de procedimientos judiciales y de dinero sin consignar sigue aumentando y contribuyendo al atasco de los juzgados.

Los letrados aseguran a COPE que van a seguir en la lucha a pesar del desgaste al que juega el Ministerio. Dicen que lo hacen "por dignidad". Los letrados judiciales quieren negociar y con propuestas porque hasta ahora lo que ven es la nula voluntad del equipo de Pilar Llop.

La negociación por correo electrónico no les sirve, piden cordura, como afirma Patricia Gimeno, del Comité de Huelga: "un poco de cordura y de voluntad negocial, un equipo que nos va citando cada semana o cada diez días como si fuera feliz la situación como para perder semanas y días sin resolver este conflicto".

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Séptima semana de huelga de los 4.300 letrados de justicia que hay en España.

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Según las últimas cifras facilitadas por el comité de huelga, el paro deja por el momento 350.000 demandas pendientes de reparto, 300.000 juicios suspendidos y alrededor de 1.000 millones de euros paralizados. El saldo medio de la cuenta de consignaciones de los juzgados está a punto de llegar a 6.000 millones de euros.

El pasado lunes la ministra de Justicia, Pilar Llop, se reunió con abogados y procuradores para abordar las consecuencias de la huelga y descartó declarar hábil el mes de agosto, atajando un rumor que se extendía en la profesión ante el atasco que se vive en los juzgados.

Llop reclama a los letrados que sean "realistas" y hagan nuevas propuestas. Aceptar su petición de una cláusula de enganche al salario de jueces y fiscales para no cobrar menos del 85 % de esos operadores jurídicos, alega Justicia, supondría un aumento mensual de "más de mil euros" por funcionario.

Los letrados denuncian que han ido acumulando nuevas funciones y carga de trabajo sin compensación y acusan al Ministerio de incumplir los compromisos que adquirió con el colectivo.