Los ciudadanos ya notan en su economía las consecuencias de la huelga de los letrados: "Esto va a ser el caos"

La huelga de los letrados de Justicia llega a las ocho semanas. Los juicios suspendidos se elevan a 329.300, las demandas sin repartir 392.000 y el dinero paralizado en las cuentas judiciales desde el 24 de enero asciende a 1.184 millones de euros. Las consecuencias de este paro la están notando los ciudadanos en su economía ante la imposibilidad de acceder a un dinero necesario. Al igual que abogados y procuradores que se quedan sin cobrar su trabajo. Si el juzgado no funciona, abogados y procuradores no cobran.

Que se sienten a negociar y se arregle ya es el deseo de muchos operadores jurídicos y, en especial, de los ciudadanos que sufren las consecuencias ante esta huelga. Consecuencias que pasan por la necesidad de determinados papeles para hacer en gestiones, adelantar una boda ante la enfermedad terminal de la madre de uno de los contrayentes, una partida de nacimiento, el levantamiento del embargo de una nómina para pagar la vivienda o la renegociación de una hipoteca, como nos cuenta el decano de los abogados de Bizkaia y vicepresidente de la Abogacía Española, Carlos Fuentenebro.

"Había una persona que había llegado a un acuerdo con un banco, el dinero está consignado, es un dinero perteneciente a la hipoteca, tiene que renegociar una nueva hipoteca y cancelar la que tiene para hacerla con un nuevo banco y, como el dinero está retenido, no se lo pagas y no lo puede hacer, de esas tengo muchísimas". "Si letrados y ministerio no llegan a un acuerdo, esto va a ser el caos", dice Fuentenebro a COPE.

"Criterios homogéneos"

Los abogados piden el cumplimiento "efectivo" de los servicios mínimos por parte de los letrados de la administración de Justicia y de la adecuada supervisión de estos por parte del Ministerio. Además, reclaman a los antiguos secretarios judiciales que apliquen "criterios homogéneos" en las notificaciones de suspensión de señalamientos, con una "antelación suficiente", nunca inferior a 48 horas.

La semana pasada, la ministra de Justicia, Pilar Llop, se reunió con abogados y procuradores para abordar las consecuencias de la huelga y descartó declarar hábil agosto. Medida que apoya la Abogacía, pues en su comunicado considera "absolutamente ineficaz e inútil" habilitar este mes. Reclama a los letrados que sean "realistas" y hagan nuevas propuestas. Aceptar su principal petición, la de una cláusula de enganche al salario de jueces y fiscales, alega, supondría un aumento mensual de "más de mil euros" por funcionario en su salario de entre 40.000 y 60.000 euros brutos al año.