La sombra de la Púnica vuelve para golpear a Aguirre y Cifuentes

La noticia saltaba en la tarde de este lunes y no ha dejado indiferente a nadie. El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, citaba como investigadas a las expresidentas madrileñas Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. Dos nombre de gran envergadura en la política madrileña y española.

Las dos exdirigentes tendrán que declarar dentro de la pieza número 9 de este caso de corrupción, en la que se investiga la posible financiación irregular de campañas del PP madrileño con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos como Indra o mediante la fundación Fundescam, entre otros mecanismos.

Pero, ¿cuáles son los motivos de esta citación judicial?

El juez del caso Púnica atribuye a Esperanza Aguirre "un papel decisivo y esencial" en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, hasta el punto que sospecha que fue quien "ideó la búsqueda de recursos" para costear las campañas que ella elegía.

Según el auto de imputación de Aguirre, el PP de Madrid financió "de forma opaca y fraudulenta" las campañas electorales autonómicas del 2007 y 2011 y las generales de 2008 "ocultando" el "verdadero coste" de las mismas y su financiación, "eludiendo de forma continuada y bajo un mismo patrón de actuación" las obligaciones de la Ley Electoral.

"La investigación arroja indicios racionales de que (Esperanza Aguirre) sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad", indica el magistrado de la Audiencia Nacional.

Además de a Aguirre, el juez también atribuye "un papel decisivo y esencial" en la toma de decisiones sobre la financiación del partido a los que fueran sus más estrechos colaboradores, el expresidente madrileño Ignacio González y el exconsejero Francisco Granados, además de al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez. Los tres también figuran como imputados en el caso. 

Por su parte, Manuel García Castellón ha imputado a Cristina Cifuentes por beneficiar al empresario Arturo Fernández mediante el amaño de la adjudicación de contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid a cambio de sus aportaciones a las arcas del PP de Madrid. El juez sostiene que uno de los métodos utilizados por el PP de la Comunidad de Madrid para obtener financiación de forma irregular fue el uso de la Fundación Fundescam para canalizar las donaciones que realizaron determinados empresarios y la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM).

Arturo Fernández, vicepresidente de CEIM y presidente del Grupo Cantoblanco, habría realizado dos donaciones de 160.000 euros en 2007, año en el que Cifuentes era patrona de Fundescam y también miembro del comité regional de campaña del PP, para costear "de manera encubierta gastos electorales". El juez, como hizo en su momento la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cree que esas donaciones se gratificaron posteriormente mediante la adjudicación desde la Asamblea de Madrid a sus empresas de contratos de restauración en los años 2009, 2011 y 2013.

En el año 2009 y 2011, expone el magistrado en su auto, hay evidencias de "conciertos dirigidos a beneficiar" a Arturo Fernández "amañando la adjudicación" de esos contratos.  Para el primero de ellos, se estableció un sistema "ilógico" de valoración, según el cual los criterios subjetivos pesaban más que los objetivos. De ese modo, fue necesario crear un comité de expertos que integraron la propia Cifuentes, que era vicepresidenta de la Asamblea; la entonces jefa de los servicios jurídicos y también investigada, Tatiana Recoder; y la jefa de Protocolo, María Virtudes Merino.

Ninguna tenía experiencia en la valoración de criterios para adjudicar un servicio de restauración, pero, además, a las dos primeras no les importó que su participación en el comité "conculcase la legalidad vigente". Cifuentes presidía la mesa de contratación y Recader había hecho un informe jurídico sobre los pliegos, que lo avalaba pese a estar "cargado de irregularidades", sin denunciar ninguna de ellas. Es decir, Cifuentes, como presidenta de la mesa de contratación, votó a favor de un informe técnico que ella misma había emitido, lo que contraviene la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Dos años después, el supuesto cabecilla de la Púnica, Francisco Granados, y el gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, junto a otros cargos del PP, incluida Cifuentes, utilizaron el mismo método y estrategia para volver a adjudicar el contrato al mismo empresario. Los criterios subjetivos valían hasta 80 puntos en la valoración; los objetivos, solo 20. También en 2011 Cifuentes formó parte del comité de expertos y presidió la mesa de contratación de la Asamblea, de nuevo formada por personas sin experiencia en la labor.

Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre han sido citadas los días 1 y 18 de octubre respectivamente, en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, según han informado fuentes jurídicas.

También han sido imputados el expresidente Ignacio González y a los exconsejeros Juan José Güemes, Manuel Lamela y Borja Sarasola.