Los pasos de la Justicia si la Generalitat no acata el 25% del castellano en las aulas

Se le acaba el tiempo al Gobierno catalán. El próximo 25 de marzo deberán acatar la sentencia que fija un 25% de castellano en el sistema educativo de Cataluña. La sentencia, dictada, el 16 de diciembre de 2020, se convirtió en firme en noviembre de 2021 cuando el Tribunal Supremo no admitió a trámite un recurso de casación del Govern, y posteriormente fue devuelta al TSJC que, el 21 de enero, la declaró firme.

Entonces empezaron, simultáneamente, dos plazos. Uno de diez días para notificar la recepción de la sentencia (cosa que la Generalitat hizo en su momento) y otro para el acatamiento de dicha sentencia, que el Ejecutivo regional recibió el pasado 25 de enero. La gran pregunta que surge es: ¿y ahora qué? ¿qué ocurrirá si el Gobierno catalán no cumple dicha sentencia? ¿cuáles son los pasos que podría adoptar tanto las familias como la Justicia?

Ana Losada es presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña y portavoz de Escuela de Todos. "Desafortunadamente, la situación es tal y como preveíamos. El Govern no ha enviado a los centros ninguna notificación para que empiecen a cumplir la sentencia. Solamente escuchamos declaraciones que alientan a la desobediencia de los directores de la ciencia. La sentencia no se va a cumplir y a esto se suma que el Gobierno de España está prácticamente desaparecido". Por tanto, cree que 'por las buenas' esto no se acatará.

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Un hecho del que "las familias son conscientes. La esperanza está en la demanda colectiva de más de 1.000 familias que, a través de Escuela de Todos, presentaremos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahí ya, cualquier ciudadano afectado por el incumplimiento puede recurrir ante el Tribunal y pedir la ejecución de la sentencia. Y ese es el camino para que se cumpla. Ese es el paso que nos queda para que la sentencia se aplique porque no tenemos el respaldo de las instituciones ni del Gobierno pues queda en manos de los ciudadanos que esto se pueda llegar a cabo".

Losada ha asegurado a COPE que esperan que el Tribunal sea consciente de esa desobediencia porque "llevamos 30 años en el que la Generalitat ha incumplido la legalidad y la Constitución. Tanto el catalán y el castellano deben tener esa presencia mínima en Cataluña y ese es el camino, conseguir que el sistema educativo se ponga en marcha".

"EL GOBIERNO PODRÍA INSTAR AL GOVERN A QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA EDUCATIVA DE MANERA FORMAL"

Carlos Vidal es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). "Habría como dos vías de actuación. Por un lado, las partes interesadas en el proceso, que son tanto los padres que hayan podido recurrir como las asociaciones que les representan, pueden pedir un incidente de ejecución de sentencia conforme a lo que dice la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo en su artículo 109. Y, de hecho, el propio TSJC ya les está indicando esta vía. En teoría, debían empezar a cumplirla desde un plazo inicial de 10 días y no se ha cumplido".

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Ahí, hay que determinar cuál es el organismo administrativo que se tiene que responsabilizar de las actuaciones, qué plazo máximo tiene de cumplimiento y los medios con los que hacerlo efectivo para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Y el experto ha indicado que "esto puede llevar consigo que el órgano en cuestión (que puede ser el consejero de Educación o el director del centro educativo) pues que se va a ir individualizando la responsabilidad, llevando consigo consecuencias judiciales para las personas que están ocupando ese órgano, desempeñando esa función e incumpliendo esa sentencia".

Tiene un proceso particular y, luego, desde el punto de vista político, "yo creo que aquí cabe que se inste al Gobierno para que, ante el incumplimiento de una ley por parte de una autonomía, se plantee el requerir a esa comunidad que cumplen la normativa de manera formal y se planteen hacerlo en el marco de un posible procedimiento de aplicación del artículo 155 de la Constitución acotado a este ámbito específico, que requeriría de un previo escrito por parte del Gobierno central al Ejecutivo catalán explicándole que deben cumplir esto y que, en caso de no cumplirse, se abriría un procedimiento".