Manuel Marchena seguirá al frente de la Sala de lo Penal del Supremo cinco años más

La candidatura del presidente del tribunal que juzgó a los líderes del "procés" ha contado con 19 votos a favor y dos en blanco

Manuel Marchena ha sido reelegido al frente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

2 min lectura

El magistrado Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzgó a los líderes del "procés", seguirá cinco años más al frente de la Sala de lo Penal del Tribuanl Supremo por decisión del pleno del Consejo del Poder Judicial, que ha apoyado su candidatura -la única presentada- con 19 votos a favor y dos en blanco.

Marchena, que llegó al Supremo desde la carrera fiscal, a la que accedió tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Deusto en 1981, afronta así su segundo mandato como presidente de la Sala Segunda, informa este miércoles el GCGP en un comunicado.

Su nombre adquirió relevancia antes incluso de presidir el tribunal del "procés", ya que el frustrado acuerdo alcanzado el año pasado por el PP y el PSOE para renovar el CGPJ, que trabaja en funciones desde diciembre, lo situaba al frente del órgano de gobierno de los jueces.

Pero Marchena acabó renunciando en defensa de su independencia.

Lo hizo después de que se filtrara un wasap del entonces portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó en el que defendía ante su grupo parlamentario el pacto alcanzado con los socialistas y destacaba que permitiría controlar "por detrás" la Sala Segunda del Supremo.

Marchena comenzó su carrera como fiscal en la Audiencia Territorial de Las Palmas en 1985 y después pasó por la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En 2004 fue nombrado fiscal de Supremo, con destino en la sección penal, y en 2007 fue elegido magistrado de la Sala Segunda del alto tribunal, de la que fue nombrado presidente en 2014.

El CGPJ destaca su trabajo como ponente en resoluciones como la que avaló que la llamada “lista Falciani” fuera prueba válida para una condena por delito fiscal en España; otra que consolidó la jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas; y la reciente sentencia del "procés".

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