Moncloa fracasa en la negociación de los ERTE y se concede una semana más de plazo

Las negociaciones para la cuarta prórroga de los ERTE como consecuencia de la pandemia de la covid-19 están llegando a la recta final. Tras varias semanas de reuniones, y viendo que la situación se encontraba en un callejón sin salida, se ha decidido alargar el plazo una semana más.

Las negociaciones para prorrogar las condiciones más allá del próximo 30 de septiembre parecen haberse estancado y las previsiones no son demasiado buenas de cara a futuro. Con fuertes desencuentros, tanto en la mesa de negociación como dentro del propio Gobierno de coalición, la negociación sube de tensión y no parece que haya alternativas viables que puedan convencer a unos y otros.

Los dos puntos a debatir, y en los que aún no se ha llegado a un acuerdo, es definir qué modelo de ayudas se deben establecer a partir de octubre para reactivar la actividad de las empresas.

¿Qué defiende cada uno de los implicados?

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, está defendiendo un modelo en el que las compañías puedan reincorporar de forma progresiva a sus trabajadores a cambio de una bonificación. Es decir, se trata de un modelo que premia con una mayor bonificación a todas aquellas empresas que puedan ir “activando” a todos sus trabajadores.

Una idea que no gusta ni a patronal ni sindicatos, pues ellos defienden que estos recursos deberían ir destinados a todas aquellas compañías que no sean aún capaces de retomar su actividad económica. Esto se traduce en que las bonificaciones que propone el Gobierno no deberían ir enfocadas a las empresas que ya han reactivado su actividad, sino precisamente a aquellas que aún no lo han hecho.

Un debate en el que incluso el presidente de al CEOE, Antonio Garamendi, ha querido intervenir, alegando que desconfiaba de la información que les estaba llegando desde el Ministerio de Seguridad Social. Asimismo ha asegurado que “los datos de coste de los ERTE son muy inferiores a los que se facilitan”, en referencia a las declaraciones de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que aseguraba el pasado martes que los ERTE estaban suponiendo un coste mensual al Gobierno de entre 4.500 y 5.000 millones de euros.

Con la vista puesta en la semana que viene

Ayer miércoles hubo nuevas reuniones que acabaron en el mismo lugar donde empezaron. Sin acuerdo y con el reloj corriendo.

Si bien ambas partes se emplazaron a no agotar el plazo del 30 de septiembre, el objetivo era el de llegar a un acuerdo este viernes. Algo que, dadas las circunstancias, ha sido considerado como misión imposible. Por ello se ha tomado la decisión de alargar la mesa de negociación una semana más.

Las intenciones del Gobierno, y así lo aseguraba un borrador del Ministerio de Trabajo, son las de ampliar los ERTE hasta el 31 de diciembre del año que viene.

Actualmente en España aún permanecen en ERTE unos 800.000 trabajadores. Es decir, tres de cada cuatro trabajadores que han estado incluidos en algún expediente de regulación de empleo durante la pandemia ya ha salido de él. Y que, en principio, ya están preparados para reincorporarse de nuevo a su puesto de trabajo.